El jefe de obras de Tribulete admite ante jueza que no se distingue entre pisos habitados o no habitados

Estado actual del edificio del número 7 de la calle Tribulete de Madrid

- CEDIDA POR VECINOS

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El encargado de las obras del edificio situado en el número 7 de la calle Tribulete, en el barrio de Lavapiés, ha admitido ante la jueza instructora que no existe ningún protocolo específico ni distinción en la ejecución de los trabajos entre viviendas habitadas y no habitadas, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

La declaración se enmarca en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid por un presunto delito de acoso inmobiliario contra directivos y empleados del fondo de inversión Elix, propietario del inmueble.

En el marco de la instrucción, comparecieron ayer el portero de la finca, el jefe de obra y el arquitecto designado por los vecinos. Según la abogada del Sindicato de Inquilinas, Alejandra Jacinto, la declaración del encargado de las obras refuerza la tesis de acoso inmobiliario, al reconocer que los trabajos se desarrollan sin cautelas diferenciadas pese a que parte del edificio continúa habitado.

La letrada apunta que esto acredita que "no existe ningún protocolo ni ninguna distinción" cuando hay viviendas habitadas", lo que evidencia a su entender que no se han adoptado las mínimas garantías para proteger a quienes siguen residiendo. "Lo lógico sería tomar cautelas", señaló la letrada.

Además, el arquitecto de los vecinos habría ratificado ante la magistrada que las obras podrían ejecutarse de otra manera, con menor impacto y sin causar "tanto daño ni tantas molestias" a los residentes. A juicio de la letrada, ello apuntala la hipótesis de que la forma en que se han llevado a cabo los trabajos no es inevitable desde el punto de vista técnico.

Por su parte, el portero de la finca habría confirmado que los responsables de la propiedad estaban al tanto de la situación concreta de cada vecino y de las condiciones en las que se estaban desarrollando las obras. "Son responsables de lo que sucede, tanto por acción como por omisión", sostiene la abogada.

Estas declaraciones se producen después de que el pasado 19 de febrero directivos y empleados de Elix --entre ellos el socio fundador, el director de Expansión y el arquitecto responsable-- negaran ante la jueza que exista acoso inmobiliario o que las obras iniciadas en noviembre de 2024 tuvieran como objetivo generar daños para forzar la salida de los inquilinos.

La letrada ha reiterado que el delito de acoso inmobiliario consiste en impedir el uso legítimo de la vivienda y considera que las diligencias practicadas hasta ahora "apuntan precisamente a esa limitación efectiva del derecho a permanecer en casa".

El sindicato solicitará nuevas diligencias, entre ellas requerir a la Policía Municipal los informes derivados de las llamadas efectuadas por los vecinos alertando de ruidos, daños y riesgos para la seguridad.