Los vecinos piden al Ayuntamiento que no recurra y que cese la actividad de la estación de servicio
MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 28 de Madrid ha anulado la licencia de una gasolinera pegada a las casas del barrio de Butarque, en el distrito de Villaverde.
Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que el juez estima la demanda que interpuso la Asociación de Vecinos Independiente de Butarque solicitando la anulación de la concesión de la licencia de una gasolinera construida a escasos metros de las viviendas y de un parque infantil.
La demanda fue interpuesta en abril de 2013, pocos meses después de que comenzaran las obras de una estación de servicio en el número 22 de la calle Hulla en el distrito de Villaverde.
Esta estación, abierta desde el mes de abril de 2015, se encuentra situada a escasos quince metros de un bloque de viviendas, de un parque infantil y de una zona de juegos. Además, se encuentra anexa a la parcela cedida a la Comunidad de Madrid para la construcción de un centro de salud que todavía no se ha iniciado.
Según explican los vecinos en un comunicado, el motivo de la demanda fue que se omitieron los trámites de información pública y notificación a los vecinos interesados, lo que impidió la posibilidad de presentar alegaciones a la concesión de licencia.
La empresa de la gasolinera solicitó la licencia al Ayuntamiento de Madrid en agosto de 2009 y desde la Asociación de Vecinos Independiente de Butarque se presentaron alegaciones solicitando la denegación por motivos de seguridad y salud.
En marzo de 2011, al no haber presentado la empresa el preceptivo informe de impacto ambiental, el Ayuntamiento cerro el expediente, pero lo que no notificó a nadie fue que lo volvió a abrir en febrero de 2012 y acabó otorgando la licencia el 3 de septiembre de ese año.
La "sorpresa vecinal", según ha indicado el colectivo llegó cuando el 23 de noviembre de 2012 comienzan las obras de una estación de servicio cuyo expediente había sido cerrado un año y medio antes.
En aquel entonces los vecinos recogieron miles de firmas, organizaron varias movilizaciones incluidas manifestaciones y trataron por todos los medios de hacer entender al Ayuntamiento que el procedimiento había sido irregular. Pero las obras continuaron.
La sentencia es recurrible. Sin embargo, los vecinos han señalado que se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Madrid para solicitar que acepte sus peticiones y que no presente recurso.
También solicitan que se cese la actividad y que se busque una alternativa de ubicación alejada de las viviendas del barrio, "algo que se podría haber hecho hace más de tres años si las autoridades municipales no hubieran ignorado las peticiones vecinales".
