La sanción al Ejecutivo podría ascender a 244.010,5 euros, según CC.OO.
MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Social número 19 de Madrid celebrará hoy, a las 12.00 horas, un juicio para determinar si la Comunidad de Madrid vulneró derechos fundamentales de trabajadores al difundir un vídeo en el que identificaba a varios sindicalistas que increparon al consejero de Sanidad, Juan José Güemes, y a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, durante una visita que realizaron en octubre de 2008 al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.
El juicio se celebra a instancias de la demanda presentada por CC.OO. contra la Consejería de Sanidad por "tutela de derechos fundamentales", ya que, según asegura el sindicato, "en el vídeo se desvelaba con una sobreimpresión la organización a la que pertenecían los participantes en la protesta con intención de criminalizarlos".
Los cuatro identificados por la Comunidad pertenecían a la Confederación General del Trabajo (CGT) y a CC.OO. Se trataba de una auxiliar de enfermería, un operario de máquina de impresión y reprografía, una administrativa y un celador.
CC.OO., que interpretó la difusión del vídeo como "una caza de brujas" contra los sindicalistas, está a la espera también de la resolución de la Agencia de Protección de Datos por la denuncia contra el Gobierno autonómico por vulnerar la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
Por todo ello, el sindicato quiere que se reconozca la vulneración de los derechos fundamentales de la libertad sindical, que se haga responsable de lo sucedido a la Consejería de Sanidad y a los autores de los hechos y que se haga público el contenido de la sentencia.
El secretario de Política Institucional de CC.OO. de Madrid, Jaime Cedrún, explicó a Europa Press que "en función de lo tipificado en la ley de protección de datos y en los criterios sancionadores de la ley orgánica de libertad sindical la sanción a la Comunidad ascenderá a 244.010,5 euros".
Tras destacar que en caso de que les den la razón, el dinero lo destinarán a "promover y proteger la libertad sindical", no sólo a nivel nacional, sino en programas de cooperación institucional, Cedrún apuntó que pedirán que se dé a conocer la sentencia porque "lo fundamental" es que se demuestre que ha habido un perjuicio.
