La jueza que instruye el 'caso FP' acepta la personación de la Comunidad como perjudicado

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Instrucción número 39 de Madrid ha aceptado la personación de la Comunidad de Madrid como perjudicado en la causa en la que investiga presuntas irregularidades detectadas por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid en las obras realizadas en algunos centros de Formación Profesional de la región.

En un auto fechado el 9 de mayo, la titular del juzgado estima el recurso presentado por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y deja sin efecto su anterior resolución en la que rechazó esta personación, ya que "no existe motivo alguno que impida la personación de la Comunidad de Madrid como perjudicada".

En otra resolución, a la que tuvo acceso Europa Press y que adelanta 'El País, la magistrada cita el próximo 4 de junio en calidad de investigado a un empresario a instancias del PSOE y acepta la práctica de una serie de diligencias instadas por esta acusación.

Respecto de la solicitud de investigación de comunicaciones entre los investigados, da traslado a la Fiscalía de Madrid para que informe sobre esta cuestión. Finalmente, solicita que se proceda a la averiguación patrimonial de los investigados.

El pasado mes de marzo, la jueza escuchó los testimonios de dos directores de centros educativos de Formación Profesional y el exsubdirector general de FP de la Comunidad de Madrid durante 2021-2023, quienes apuntaron durante su declaración judicial a altos cargos de la Consejería de Educación.

En concreto, manifestaron que no tenían competencia "ni para recibir el dinero, ni para implantar los ciclos formativos, ni para ejecutar ningún tipo de gasto en obras, sino que les llegaban unos conceptos por los que tenían que gastar un dinero que les era ingresado en la cuenta del instituto, con unas facturas y lo que hacían era ejecutar esas órdenes que les llegaban".

El pasado mes de febrero, la Comunidad de Madrid presentó un escrito para personarse en la causa y poder ejercer la acusación particular en el procedimiento en concepto de perjudicado.

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, en marzo del pasado año 2024, envió un informe a la Fiscalía Provincial de Madrid para que investigara las presuntas irregularidades detectadas en las obras de reforma de un edificio del complejo educativo Ciudad Escolar y la implicación en las mismas de distintos funcionarios públicos.

Fue la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, la que avanzó que el Ejecutivo madrileño se iba a personar cuando la instrucción lo permitiera. En concreto, reivindicó que fue el Gobierno autonómico quien acudió a Fiscalía para "investigar irregularidades detectadas" en varios centros ante la posibilidad de que se hubieran "fraccionado contratos".