MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Leganés ha abierto diligencias previas ante la denuncia por presunto delito de prevaricación contra el exconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid Rafael van Grieken y la inspectora educativa que elaboró el informe en el que se descartaba trato degradante al menor con autismo en un centro de Getafe.
Así lo establece en un auto fechado el 5 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, donde da traslado al Ministerio fiscal de la demanda interpuesta para que informe sobre la tipicidad penal de los hechos denunciados, tras lo cual se acordará lo procedente.
La demanda, interpuesta el pasado 20 de diciembre en el Juzgado de Instrucción número 3 de Leganés, también se dirige contra el jefe de Servicios y el que era director de la Dirección del Área Territorial educativa sur.
La familia acusa a los cuatro de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencia, revelación de secreto y falsedad documental en relación a todo lo que ha rodeado a la información reservada que abrió la Inspección Educativa, a instancias de la Consejería de Educación sobre este caso.
Lo hicieron al detectar presuntas anomalías e irregularidades en el marco del proceso instruido por un Juzgado de Getafe sobre el presunto maltrato de este niño en el Colegio de Educación Especial Ramón y Cajal de la ciudad, que determinó el archivo provisional que ha sido recurrido por la familia ante la Audiencia Provincial de Madrid.
La representación de la familia también ha remitido un escrito comunicando el informe de Inspección Educativa que fue remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Getafe, que investigaba los presuntos malos tratos al menor, causa que decidió archivar y que ha sido recurrida por sus padres.
En dicha documentación se incluye detalle de las intervenciones realizadas por el equipo especifico de alteraciones graves del Desarrollo detallando las actuaciones de este departamento. En ese escrito se estipula que se nombra a una inspectora para analizar este caso y al día siguiente emite un informe en el que no apreciaba trato degradante.
"A juicio de esta parte, este documento pone de manifiesto que la rapidez del Informe, cuyo resultado estaba predeterminado antes de su inicio, tuvo como único fin contrarrestar las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre los graves hechos denunciados", recoge el escrito de la familia del niño que apunta a la "arbitrariedad" de esa información reservada abierta por la Consejería de Educación y que derivó en una resolución "injusta".
La madre de la menor, Montse, manifestó en una entrevista a la Cadena Ser que "no se hizo hecho una investigación de todo" el caso. "Nadie de la administración ha querido hacer un peritaje de mi hijo para valorar los daños que tiene", aseguró.
También dijo que se sintieron "totalmente abandonados" por parte de la Comunidad de Madrid y que en "ningún momento se pusieron en contacto" con ellos a raíz de la denuncia.
INICIO DE LA INVESTIGACIÓN
La investigación se produjo a instancias de una denuncia de los padres a tres trabajadoras del colegio por un presunto delito de acoso y trato degradante así como uno de lesiones psicológicas al escolar con un trastorno de autismo.
Los presuntos insultos y vejaciones estarían recogidos en unas grabaciones que realizaron los padres al poner un micro a su hijo. La denuncia recogía que los padres empezaron a notar un "cambio brusco" en el comportamiento de su hijo, que estaba siendo tratado con seguimiento por parte de un médico psiquiatra del Hospital Gregorio Marañón.
El niño presentaba crisis de ansiedad y gritaba reiteradamente frases como "no me pinches" o "no me saques fuera". Esta ansiedad y los trastornos de conducta, según la denuncia, "no parecía obedecer a una causa cierta" y pese a que, como señalan los padres, comunicaron la situación al colegio, en el cuaderno de comunicación diaria no había nunca referencia a lo vivido por el menor en el aula.
En el auto de archivo del Juzgado de Getafe, se exponía que en las declaraciones de los profesionales médicos que atendieron al niño y de los informes médicos mostraban que "no es posible extraer que las alteraciones en su comportamiento fueran debidas a su paso por el aula del CEEP Ramón y Cajal" y que "el contenido de las grabaciones "no sugiere que las conversaciones y expresiones utilizadas hayan agravado el trastorno" del niño.
