MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La comisión de Transportes e Infraestructuras de la Asamblea de Madrid ha dado luz verde este viernes a la supresión de la empresa pública Mintra, dedicada a las ampliaciones de Metro, que no se someterá a las auditorías que reclamaban PSOE y UPyD, sino que será objeto de una auditoría de la Intervención General de la Comunidad de Madrid.
Esta misma semana, el consejero de Transportes e Infraestructuras, Antonio Beteta, explicó que la supresión de esta empresa va a suponer un ahorro de 1,4 millones de euros anuales y se enmarca dentro de la política de recortes del sector público. Por su parte, los grupos parlamentarios de PSOE y UPyD aprovecharon el pleno de las enmiendas a la totalidad para pedir una auditoría de cuentas de la empresa.
UPyD defiende que sea la Intervención General del Estado la que lleve a cabo la fiscalización, como ha vuelto a señalar este viernes la parlamentaria de la formación magenta, Loreto Ruiz de Alda.
Mientras, el socialista Antonio Fernández Gordillo ha defendido la rendición previa de cuentas de la empresa antes de su extinción. Así, reclaman que las fiscalice y audite de manera integral la Cámara de Cuentas. Este tipo de auditoría supone un análisis económico, legal y de la eficiencia de la empresa.
El diputado 'popular' Pedro Muñoz Abrines ha explicado que todos los años se analizan las cuentas de la empresa con auditorías "absolutamente serias" y ha considerado "absurdo" reclamar una auditoría de la Intervención General del Estado porque no es la competente, sino que lo es la de la Comunidad.
Lo que sí ha hecho el 'popular' es ofrecer una enmienda transaccional para que Mintra se fiscalice por parte de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, que es la competente, pero no ha sido aceptada por la oposición. Asimismo, ha aseverado que no hay "nada que ocultar en torno a Mintra".
En concreto, PP ofrecía una enmienda en la que se establecía que la empresa tendría que "rendir cuentas comprensivas de todas las operaciones por Mintra desde el comienzo del ejercicio 2011 hasta el momento de su extinción".
Asimismo, la transaccional señalaba que las cuentas relativas a la entidad pública "deberán ser aprobadas por el titular de la Consejería a la que estuviera adscrita" y que para ello se remitirán a la Intervención General las cuentas para que "sea emitido informe de auditoría con carácter previo a su aprobación".
Asimismo, el PP ha presentado dos enmiendas, que han sido aprobadas, y que "persiguen la misma finalidad", que pasa por que quede claro que hay "un traspaso global de unidad productiva" y de personal a la Consejería del ramo tras la extinción de Mintra.
"Desaparece el órgano pero no su actividad", ha indicado Muñoz Abrines que ha explicado que la empresa queda "asumida como unidad productiva" a la Consejería.
En concreto, una de las enmiendas del PP expone que el personal funcionario y laboral fijo sometido al convenio colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid, en situación de activo, y sin perjuicio de su adscripción final al órgano competente en materia de infraestructuras de transporte y del mantenimiento por parte del mismo de la actividad que se transfiere a la Comunidad de Madrid, "quedará inicialmente a disposición de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras hasta que en el plazo máximo de tres meses, se proceda a adecuar la plantilla presupuestaria y la relación de puestos de trabajo".
AUDITORÍA INTEGRAL
El socialista Antonio Fernández Gordillo ha sido el encargado de defender la postura del PSOE en la comisión, en la que ha hablado de las informaciones que han aparecido en prensa estos días y que hablan de una "doble facturación", en la que, su juicio, además de Metro, está implicada Mintra.
"Se quiere tirar no sólo el agua sucia, sino el agua sucia con el niño dentro", ha exclamado Fernández Gordillo, que ha citado ésta como una de las razones por las que los socialistas se oponen a la disolución de la empresa.
Asimismo, el diputado sostiene que hay que hacer frente a las "responsabilidades civiles y compromisos frente a terceros que tiene adquiridos Mintra".
MIEDO A UNA "PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA"
Por parte de IU, Marisa Moreno ha sostenido que el proyecto no debe prosperar y ha considerado que detrás de esta medida "habrá otro tipo de argumentos que no se explicitan".
Según las enmiendas de IU, la disolución de esta empresa se trata de "un primer paso para una privatización encubierta", ya que no se creen la cifra que dio esta semana el consejero del ramo de ahorro de 1,4 millones de euros.
Asimismo, la coalición de izquierdas, que ha considerado que una auditoría "no es el mejor mecanismo en este momento", ha criticado el "despido de al menos cuatro trabajadores que formaban parte de la plantilla de Mintra".
TRANSPARENCIA E INDEPENDENCIA
Por último, Loreto Ruiz de Alda (UPyD) ha explicado que quieren una auditoría porque entienden que el proceso de liquidación del ente público debe llevarse a cabo con la máxima transparencia; y ha alegado que cumplir los trámites correctamente "no impide que se puedan hacer mejor".
"Pedimos un auditoría por transparencia", ha indicado De Alda, que ha explicado que quieren que sea una auditoría externa porque "revisarse a uno mismo no siempre es lo más conveniente". "Pedimos una auditoría externa por su independencia", ha señalado para decir que quieren que la lleve a cabo la Intervención General del Estado por "coordinación institucional".