Madrid, Coslada y Rivas tendrán un año para ordenar urbanísticamente el territorio ocupado en La Cañada Real

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid dará un plazo de un año a los ayuntamientos afectados por la situación de La Cañada Real Galiana para ordenar urbanísticamente los terrenos después de la aprobación de la futura ley que regulará el uso de esta zona a su paso por los municipios de Coslada, Rivas y Madrid, informaron fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

El departamento que dirige Ana Isabel Mariño elaboró hoy un nuevo borrador de anteproyecto de Ley para regular y dar una solución a los problemas generados en las últimas décadas en La Cañada Real Galiana a su paso por las citadas localidades.

Este trámite se produce un día después de que la Delegación de Gobierno, el Ejecutivo autonómico y los ayuntamientos de Rivas, Coslada y Madrid acordasen desafectar los terrenos de La Cañada que pasan por estos municipios.

Tras tres meses de negociaciones entre las tres administraciones, el Consejo de Gobierno, estudiará mañana el texto del Anteproyecto de Ley, que tiene como objetivo fundamental proponer una alternativa de futuro para esta zona.

Las citadas fuentes explicaron que el nuevo texto establece, como paso previo para abordar la resolución de los problemas de la Cañada, la desafección por parte de la Ejecutivo regional de 14,2 kilómetros de terreno, que pasarán a ser bien patrimonial y, por tanto, propiedad de la Comunidad de Madrid.

A continuación, y desde la fecha de aprobación del texto legal, se concederá un plazo de un año para que los consistorios, en el ejercicio de sus competencias urbanísticas, determinen el uso que quieren dar a los suelos objeto de desafección. Dicha ordenación del territorio se efectuará por cada ayuntamiento mediante modificación de sus Planes Generales.

Transcurrido ese plazo, la Comunidad tendrá derecho a enajenar dichos terrenos, sin que ello suponga la legalización de las construcciones o actividades desarrolladas en los mismos. En todo caso, una vez que los ayuntamientos aprueben la modificación de sus Planes Generales, se definirá la titularidad de los terrenos actualmente ocupados en la Cañada.

Asimismo, precisan que de forma paralela a los procesos de desafección, ordenación urbanística y enajenación de la Cañada Real, todas las administraciones con competencia en la zona deberán acordar los mecanismos e instrumentos que sean necesarios para resolver las cuestiones de índole social generadas en la Cañada.

La nueva Ley también establece que con el objeto de determinar a qué fincas y ocupantes de la Cañada afecta el nuevo régimen jurídico establecido en la Ley, los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid deberán elaborar en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la misma un censo de fincas y ocupantes.

Una vez aprobado por el Consejo de Gobierno, este anteproyecto de Ley será remitido a la Asamblea regional para abordar su discusión y posterior votación.