MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid interpondrá a principios de septiembre la segunda parte de su recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para paralizar la construcción de la central térmica de ciclo combinado de Morata de Tajuña, infraestructura declarada de utilidad pública por el Consejo de Ministros, informó hoy a Europa Press fuentes de la Consejería de Economía y Consumo.
En concreto, el Ejecutivo regional presentó un recurso de interposición a finales de julio, después de aprobarlo el Consejo de Gobierno de la Comunidad el 19 de julio, y formalizará la segunda parte del escrito, lo que supone la entrada del discurso completo con todas las argumentaciones oportunas, a principios de septiembre, "aunque se intentó en agosto, pero el Tribunal Supremo lo declaró mes inhábil", señaló un portavoz del departamento autonómico.
El Ejecutivo regional considera que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha forzado la declaración de utilidad pública sin contar con la Autorización Ambiental Integrada que debe ser otorgada por la Comunidad de Madrid. Dicha autorización permite establecer las condiciones ambientales que se exigirán para la construcción y explotación de las instalaciones y, entre otros aspectos, especifica los valores límite de emisión de sustancias contaminantes que podrá generar la central.
El Gobierno regional apunta que la construcción de la central térmica pretende realizarse en una zona del territorio madrileño que cuenta ya con la presencia de una importante industria cementera, por lo que existe el riesgo de que la suma de la emisiones contaminantes actualmente generadas por la actividad existente y las producidas con la entrada en funcionamiento de la nueva central, "pongan en peligro el equilibrio medioambiental de la zona y la salud de los habitantes de los municipios afectados".
Asimismo, el equipo de Esperanza Aguirre subraya que la instalación de la central producirá un importante impacto en la zona ya que emitirá, estimando un régimen de funcionamiento de 6.000 horas al año, más 2,5 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, un gas que es el mayor responsable del cambio climático, y de cantidades significativas de metano que también contribuye a dicho proceso, lo que equivale al CO2 emitido por 500.000 vehículos durante todo un año de funcionamiento. "También supondría la emisión de más de 8.600 toneladas al año de óxidos de nitrógeno (NOx), que incrementaría la contaminación por ozono troposférico", plantea la Comunidad.
Por otra parte, el Gobierno autonómico entiende que la instalación de la centra térmica "supondría la emisión de más de 50.700 Kg. al año de dióxido de azufre (SO2), causante de las lluvias ácidas que destruyen bosques y ríos y la emisión de más de 140.000 Kg. de partículas que contribuirán a la contaminación de la zona".
Además, advierte que la zona en la que se pretende construir la central está afectada por unos derechos mineros que fueron otorgados por la Comunidad de Madrid en el año 1984 y que se encuentran aún vigentes. Estos derechos otorgan la autorización para explotar los recursos mineros que existen en esos terrenos y declaran la actividad minera de utilidad pública.
De esta forma, el Ejecutivo cree que el Acuerdo de Consejo de Ministros recientemente adoptado "genera un conflicto de intereses entre ambas administraciones por declarar de utilidad pública una actividad distinta a la ya existente en la zona". "En este caso, tanto el promotor energético como el concesionario minero podrán promover expedientes expropiatorios sobre dichos terrenos", advierte.
VECINOS, IU Y ECOLOGISTAS EN CONTRA
Mientras, la responsable de la campaña del cambio climático de Greenpeace, Raquel Montón, recalcó que, a su juicio, es "imprescindible" que la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad no conceda la 'Autorización Ambiental Integrada' a este proyecto de central térmica porque "vertería a la atmósfera cerca de cuatro millones de toneladas de CO2 cada año, además de emitir otros gases nocivos para la salud como SO2 y NOx".
Al tiempo, Montón sostuvo que es un "despropósito medioambiental" que, en la actualidad, se apueste por un modelo energético basado en combustibles fósiles, cuando, en su opinión, la Comunidad de Madrid "podría ser totalmente independiente energéticamente tan sólo explotando el potencial del ahorro y de las energías renovables que tiene esta región".
La asociación ecologista recordó que las movilizaciones promovidas por organizaciones sociales, como la plataforma Sureste Aire Limpio, ya lograron en 2001 que el Ayuntamiento de Morata de Tajuña aprobase en el Pleno del Consistorio su "rechazo" al proyecto de central térmica. Greenpeace cree que la creación de estas instalaciones serán un paso atrás para que España pueda cumplir con las obligaciones establecidas por el Protocolo de Kyoto y añadió que podrían "afectar a la salud de los ciudadanos de las comarcas próximas".
Asimismo, el presidente de la Asociación de Vecinos de Morata de Tajuña, Lorenzo Mora, señaló que la zona presenta un índice inusual de casos de cáncer, y que "el pueblo ya tiene bastante con la cementera situada en Valderribas, que, según un estudio de Ecologistas en Acción, emite el 67 por ciento de todo el CO2 que generan las empresas de actividades contaminantes en la región".
Por su parte, la diputada nacional de IU Reyes Montiel también se mostró partidaria de suspender la construcción de la central y la calificación de interés público, y abogó por otro modelo energético "que apueste por las energías renovables y la eficiencia y el ahorro energético".
