MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, no pondrá pegas a la subasta de 630 pisos que hizo la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo del Ayuntamiento de Madrid (EMVS) el pasado septiembre ya que, entre otras cuestiones, los inquilinos no cuentan en sus contratos con una cláusula de opción a compra debido a que la filosofía de esos pisos es la rotación, "para que puedan venir otros cuando mejoren su nivel de vida".
Lazora presentó la única oferta para la adquisición de las cuatro promociones de viviendas públicas subastadas por la EMVS por un total de 65 millones de euros, esto es, lo que supondría un coste por vivienda de unos 100.000 euros. Desde esta sociedad se insistió en que mantendrán hasta 2020 el contrato de alquiler, con precios protegidos, con los inquilinos de las promociones de Carabanchel, Sanchinarro, Pavones y Vallecas.
Mariño ha señalado en el Pleno de la Asamblea ante una pregunta del PSOE que lo que ha hecho la Comunidad es aplicar la normativa y que, mientras se respeten los derechos de los adjudicatarios, no podrán "ninguna pena" ya que en los contratos afectados no aparece la opción a compra.
Por su parte, el diputado socialista Antonio Fernández Gordillo ha sostenido que la norma establece que primero la Comunidad debería haber autorizado la subasta antes de que el Consistorio de la capital la hubiera llevado a cabo para "hacer caja y reducir la deuda del Ayuntamiento y que supera los 7.000 millones d euros sin comprobar si se vulneran los derechos de las familias y sus sueños".
"Esa transmisión se puede realizar pero cumpliendo la norma, es decir, con autorización previa de su Consejería, pero eso no ha sucedido así porque el Ayuntamiento primero ha enajenado y luego ha pedido su autorización", ha señalado.
A su vez, el socialista ha afirmado que algunos de los contratos sí que incluían la posibilidad de vender los pisos tras un periodo de arrendamiento y a precio protegido extendiendo además la protección a 25 años. "Sin embargo, ahora la EMVS convierte derechos en mercancías y 630 familias verán como en unos años sus contratos de alquiler se revisan al alza o se venden a precios de mercado", ha sostenido Gordillo, que ha pedido a Mariño que tiene dos opciones, "dar cobertura a la dudosa forma de actuar del Ayuntamiento o ponerse del lado de los derechos de los vecinos para evitar la especulación en la Comunidad".
Para la consejera, el diputado no ha hecho más que "retorcer los datos" y caer en "contradicciones". "Si ustedes hacen las políticas son progresistas, si las hacemos nosotros son insolidarias", ha arremetido Mariño, que le ha preguntado "por qué no se pone al frente de la protesta por la subasta que el Partido Socialista de Cataluña va a hacer en abril y que ni siquiera ha avisado a los vecinos".
Por su parte, la delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, insistió en el último Pleno de la Casa de la Villa en el compromiso alcanzado por Lazora y en que los fondos extras conseguidos con la subasta no van a pagar la deuda de la empresa pública sino a "fomentar políticas de vivienda social y alquileres en rotación".
Es por eso que, en palabras de la delegada, se apueste por un modelo en el que las viviendas se van rotando de unas personas que ya no tienen esa necesidad inicial al haber prosperado a otras personas que sí la tienen y todo dentro de una clara defensa por la "equidad".
"Con la subasta no se han alterado los derechos de los inquilinos sino que se consiguen recursos para construir vivienda social y se avanza hacia un modelo más justo y eficiente", insistió la 'popular'.
