MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
La delegada de Urbanismo de Madrid, Pilar Martínez, aseguró hoy que el Ayuntamiento de la capital acatará la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que reclama el pago de los intereses de una expropiación irregular realizada cuando José María Álvarez del Manzano era alcalde, amenazando con embargar los bienes personales de esta edil de no hacerse, según adelanta hoy El País.
En declaraciones a los medios tras la visita a la plaza de Santa Bárbara, Martínez aseguró que "se acatará la sentencia, como no podía ser de otra manera", aunque considera que el fallo "no parece mesurado ni de sentido común".
"No parece mesurado ni de sentido común que quien no tiene la llave para tomar una decisión y hacer lo que dice el juez, e incluso quien no ha intervenido en este expediente en origen porque es del año 2001, tenga que responder con el patrimonio suyo y de su familia, con su casa", argumentó la concejala.
Sin embargo, "es lo que hay", por lo que "el Ayuntamiento acatará esta sentencia". De hecho, según la propia Martínez, el área de Gobierno de Hacienda "ya ha dispuesto los recursos, ha provisto los fondos necesarios para poder responder a esta sentencia" en los quince días siguientes a que el juez fije la cuantía de la liquidación.
Así, la delegada de Urbanismo decidió confiar en la prontitud de actuación de su compañero Bravo, bromeando con que, si no, se trasladará "a vivir a su casa con el perro y toda la familia".
Según el diario El País, el TSJM falló el pasado 5 de noviembre reclamar al Consistorio el pago por los intereses de la expropiación irregular de dos parcelas en el distrito de Usera por valor de 5,6 millones y 479.781 euros, respectivamente. Al considerar los propietarios que el justiprecio era demasiado bajo, recurrieron la decisión y un juez les dio la razón, añadiendo dos millones más a lo abonado, además de los intereses de demora e inflación, que ascienden a 410.000 euros. Fue esta última cantidad la que nunca se llegó a liquidar.
Ahora, el juez amenaza con que, de no cumplirse este pago, "se incrementará en dos puntos el tipo de interés aplicable sin perjuicio de que el importe de dicho incremento se repercuta sobre el patrimonio personal de la concejala del área, por la diáfana y contundente negligencia en el cumplimiento de su obligación".
