La negativa a dar una baja laboral o a prescribir un fármaco y, en urgencias, dar prioridad a otro enfermo son origen de muchos casos
MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un total de 234 médicos que ejercen en la Comunidad de Madrid, mayoritariamente en la sanidad pública, han denunciado judicialmente por la vía penal amenazas o agresiones, físicas o verbales, entre 2002 y mediados de marzo de este año, según revela el balance de expedientes abiertos por la asesoría jurídica del Colegio de Médicos facilitado a Europa Press. A esa cifra habría que sumar otros 73 casos notificados en el mismo periodo por facultativos que no quisieron iniciar acciones legales contra sus agresores.
La "inmensa mayoría" de estas amenazas y agresiones se produjeron en los servicios de urgencias de hospitales públicos y en centros de salud, "muchas" de ellas por parte de acompañantes y familiares del paciente, explicó a Europa Press Cristóbal Zanco, abogado del departamento jurídico de la institución colegial madrileña.
En los casos ocurridos en Atención Primaria, la negativa del facultativo a dar una baja laboral o a prescribir un determinado fármaco es origen de la mayoría de "reacciones violentas" que sufrieron los médicos demandantes, mientras que en las urgencias hospitalarias los motivos más frecuentes de la hostilidad demostrada por el paciente o sus acompañantes fueron el desacuerdo sobre la urgencia de su dolencia frente a la de otros enfermos, por lo general en un escenario de colapso del servicio, y el no haber sido sometido a más pruebas diagnósticas, situaciones que pueden llevar a "descargar la frustración o el desconocimiento" sobre el médico.
LA MAYORÍA, JUICIOS DE FALTAS
Zanco aseguró que la "inmensa mayoría" de los procedimientos judiciales abiertos desde el Colegio de Médicos se cierran con un fallo o sentencia favorable al médico y que casi todos corresponden a juicio de faltas, lo que deriva en una sanción económica y, a veces, en penas accesorias como una orden de alejamiento del agresor hacia el médico. De hecho, sólo hay tres casos, actualmente en proceso, que se están instruyendo como delito o atentado, una tipificación que, de confirmarse por sentencia, supondría penas de cárcel.
A este respecto, el abogado de la institución colegial advirtió que el Código Penal sólo tipifica el caso como delito o atentado para el funcionario público, algo que muchas veces resulta injusto para médicos que, por ejemplo, son interinos, esto es, no tienen la plaza en propiedad, pero sufrieron la agresión o amenaza ejerciendo de hecho una función pública.
Ante esta situación, el año pasado se remitió un escrito al Ministerio Fiscal instando a considerar que cuando el facultativo sufra la agresión en la sanidad pública aquélla se catalogue como delito independientemente del nombramiento o régimen laboral del trabajador, una recomendación que va ganando "sensibilidad" a nivel nacional pero que en algunos juzgados de Madrid encuentra "cierta reticencia", lamentó.
"MUCHÍSIMAS" AGRESIONES SIN DENUNCIAR
El número de expedientes abiertos por el Colegio de Médicos bajo procedimiento judicial ha ido aumentado año tras año. Así, en 2002 fueron cuatro; un año después, 38; en 2004, 59 (más 31 casos notificados por médicos que no quisieron ejercer acciones legales); en 2005, 48 (más 31 notificados); en 2006, 60 (más 8 notificados); y hasta mediados de marzo de este año, 25 (más tres notificados).
Aun así, Zanco aseguró que, por lo general, los médicos se deciden a notificar o reclamar su caso sólo cuando advierten "un riesgo inminente" como tal, pero que "hay muchísimas agresiones que no se denuncian".
Ante esta situación, el Colegio de Médicos lleva algunos años editando un cartel, visible sobre todo en centros de salud, también en consultas privadas, que va firmado por la presidenta, Juliana Fariña, y advierte de que "en caso de amenazas o agresiones verbales o físicas a los médicos, denunciará por la vía penal al agresor o agresora, dada la condición de autoridad que es inherente al médico en el desarrollo de sus funciones".
