Más Madrid registra una iniciativa para impedir "los casos de acoso inmobiliario"

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea ha registrado una iniciativa para impedir "los casos de acoso inmobiliario" en la región y que se garantice "la seguridad y libertad ciudadana imponiendo las infracciones adecuadas y necesarias".

En concreto, se trata de una Proposición No de Ley (PNL), a la que ha tenido acceso Europa Press. En la exposición de motivos, el partido liderado por Mónica García indica que el aumento de las sociedades dedicadas al alquiler, especialmente las vinculadas a "fondos de inversión tales como Blackstone y sus filiales correspondientes", han introducido "una serie de alteraciones en el mercado del alquiler que han modificado su dinámica".

Estas entidades hicieron su desembarco en España a raíz del estallido de la crisis inmobiliaria de 2008, aprovechando "la vulnerabilidad del país para implantar su modelo de negocio". Además, la Comunidad de Madrid carece de un Observatorio de la vivienda que "radiografíe la composición del mercado de alquiler en nuestra región, lo cual nos impide conocer con exactitud qué porcentaje sobre el total representan estas sociedades".

El Banco de España, con datos de 2018, eleva el peso creciente de estas sociedades en las grandes ciudades hasta 25% del total del mercado del alquiler, un porcentaje que seguramente haya aumentado desde entonces, según explican desde el partido.

Esta modalidad de negocio en el mercado del alquiler ha provocado, a su parecer, "el aumento de una serie de prácticas ejercidas contra las familias inquilinas, que deberían ser objeto de preocupación" para el Gobierno regional.

"Suele suceder que, para acelerar la operación de negocio inmobiliario, estas entidades necesitan deshacerse de las familias que allí residen porque suponen un obstáculo a sus expectativas de revalorización del inmueble, por lo que deciden poner fin a su disfrute pacifico de la vivienda. Para ello, pueden desplegar toda una serie de prácticas abusivas e intimidatorias, que van desde la presión, coacción y amenazas, la imposición de subidas abusivas o el corte de suministros básicos, hasta incluso el uso de mafias para convertir en un infierno la vida de las familias y echarlas de sus casas", han alertado.

Por ello, han incidido en que "los poderes públicos tienen la obligación de poner todos los medios a su disposición para velar por la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía y no desentenderse de las prácticas de coacción e intimidación que, en este caso, ejercen poderes privados inmobiliarios sobre la población inquilina".