ANPE exige que sea ley de rango estatal y que vaya ligado a cambios en la estructura y el modelo educativo, sobre todo en ESO y FP
MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
Cerca del 57 por ciento de los padres solicita que exista una ley que reconozca la autoridad pública del docente, como la que va a poner en marcha la Comunidad de Madrid, cuyo anteproyecto fue aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, y que recoge la presunción de veracidad de los docentes en sus declaraciones o informes ante conflictos con los alumnos o con las familias.
Así lo señaló el presidente nacional de ANPE, Nicolás Fernández, quien explicó que pertenecen a datos del Observatorio Estatal para la Convivencia en las aulas realizado por el Consejo Escolar, al mismo tiempo que también hizo referencia a una encuesta que el sindicato independiente realizó hace cinco años y que reflejaba que más del 80 por ciento del profesorado también pedía una norma de este tipo.
El presidente de ANPE Madrid, Fernando Jiménez, que se felicitó por la ley autonómica, indicó que hay todo "un clamor social" y que tanto padres como profesores reclamaban una ley de estas características desde hace tiempo, teniendo en cuenta que los inspectores educativos ya tenían reconocida la autoridad en la Ley Orgánica de Educación (LOE).
Y no eran los únicos, puesto que, por ejemplo, los directores de los centros educativos de Cataluña también la tenían reconocida mediante su Ley de Educación, y en la Comunidad Valenciana y La Rioja, sus sendos decretos de Convivencia escolar reconocen esta autoridad, al menos, a nivel administrativo.
Ahora, según explicó el asesor jurídico de ANPE Madrid, Enrique Álvarez, esperan que la ley de la Comunidad de Madrid vaya más allá del reconocimiento a nivel administrativo y "pueda tener relevancia penal, es decir, relevancia en sede judicial", ya que se dan muchas agresiones a docentes que han estado resultando "casi gratis".
El sindicato, que reiteró en varias ocasiones su valoración "positiva" por la puesta en marcha de esta iniciativa, apuntó que ahora se tiene que convertir en una ley con "consideración estatal" para evitar que existan "discriminaciones" en los territorios después de las transferencias educativas.
En este sentido, el presidente nacional señaló que el rechazo en el Congreso de los Diputados de una ley de este tipo a propuesta del PP supuso una "oportunidad perdida", y que seguirán trabajando desde su sindicato para alcanzar un acuerdo en esta dirección a nivel estatal.
Pese a mostrar su satisfacción por la salida de la normativa madrileña, el presidente aseguró que esta ley no debe ir "sola" y que tiene que estar acompañada de otras medidas y "cambios profundos" en la estructura y el modelo educativo, sobre todo, en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP).
Es una petición que, según Fernández, no se sacan de la nada sino que se basa en los resultados de informes como los PISA o los de la OCDE. "No nos dejan en buen lugar y se necesita un cambio profundo que afecte a la estructura que no es flexible, en especial, para los chicos de 14-18 años", apuntó el presidente.
A su juicio, la estructura tiene que ser más flexible para dar salida a estos jóvenes, que en ocasiones, no valoran el estudio y se quedan bloqueados en este tramo escolar. "Tiene que ser más exigente, más valorado y por eso apostamos por la Formación Profesional", insistió.
En este punto, el presidente de ANPE Madrid, por su parte, destacó que en FP, España está a la cola si se le compara con otros países como Alemania, Holanda o Francia, "donde la inversión es infinitamente superior a los que estudian en la universidad". "Hay que valorar este estudio, que está infravalorado", señaló.
Además, añadieron que son necesarios más recursos para el profesorado y la educación, ya que, por ejemplo, a nivel estatal el gasto en educación no llega al 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), cuando en ámbito europeo, supone más del 6 por ciento en los distintos países más avanzados.
También abogan por la disminución de las ratios de las aulas, pues actualmente se cuenta con el componente inmigrante. En su opinión, no es lo mismo tener a una clase con 25 alumnos todos encaminados en un sentido, que clases, "como las hay en Madrid", con el 80 por ciento de alumnos extranjeros, que "responden a la atención a la diversidad o problemas con la lengua y la integración".
"NO SOMOS POLICÍAS UNIFORMADOS"
El responsable del sindicato en Madrid recalcó que la nueva ley de autoridad no es "represiva" ni significa que los profesores van "a ser policías uniformados que van a abusar de su autoridad" sino, más bien, según Jiménez, es de carácter "preventivo y disuasorio" con el fin de amparar al profesor "y garantizar la educación en un clima de respeto a todo el mundo".
Viene a ser, insistió, una "protección" al profesorado, a su dignidad y a su prestigio "que se ha perdido desde hace años". "El profesor está desconsiderado socialmente y por las administraciones", agregó Jiménez, haciendo hincapié en que el profesor no puede ser una "marioneta" a merced de lo que quieran desde dentro y fuera del centro.
Para el presidente de ANPE, los docentes tienen que tener "libertad de cátedra" frente al "intervencionismo", y por ello, apuntó, el sindicato estarán "vigilante para el cumplimiento" de la nueva ley a la vez que para asegurarse de cómo se aplica y se desarrolla.
Por otro lado, el asesor jurídico explicó que con la nueva ley se va a dotar al profesor del "valor probatorio" en el relato de los hechos y, por consiguiente, la "carga" de la prueba la tendrá la otra parte, si bien es verdad que si hay testigos o hechos que demuestren que el profesor tiene culpa, éstos "primarán".
Además, podrá ligarse a la aplicación del Código Penal, que recoge en sus artículos 550, 551, y 552, que cualquier agresión contra la autoridad pública será castigada como delito de atentado (agredir a un sujeto poniendo en peligro su autoridad, empleo de fuerza, intimidación grave, y resistencia activa grave). Finalmente, señaló que el "bien jurídico protegido" no es para el profesor, sino para el "servicio público de la educación".
