MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los vendedores de los mercadillos de la Comunidad de Madrid iniciarán hoy una recogida de firmas entre sus clientes contra la reforma de la ley planeada por el Gobierno regional que limita las condiciones de sus autorizaciones de venta, por cuanto consideran que supone un recorte de los derechos de más de 10.000 familias.
La Plataforma de Mercadillos pretende que el Proyecto de Ley de Medidas Liberalizadoras y Apoyo a la Empresa Madrileña sea aprovechado para garantizar la renovación de su autorización para la venta por un mínimo de quince años. La primera recogida de firmas será hoy martes en el Mercadillo de Majadahonda, uno de los más visitados de la región.
Según señala la Plataforma, el Gobierno regional usa "la excusa" de la adaptación a la Directiva europea 2006/1232/CE, relativa a los Servicios en el Mercado interior de Servicios. "Con ello se pretende lograr lo que no pudieron realizar hace trece años, recortar nuestro derecho a seguir trabajando en nuestros mercadillos", apunta la coordinadora y portavoz de los comerciantes, Carmen Torralbo Novella.
El artículo 5 del Proyecto de Ley de Medidas Liberalizadoras y Apoyo a la Empresa Madrileña del 6 de noviembre modifica el apartado 4 del articulo 9 de la actual Ley 1/1997, que regula el comercio ambulante en la Comunidad. Con esto, el Ejecutivo autonómico plantea autorizaciones de una duración mínima de dos años (en lugar de un año que son las actuales), pero renovaciones de forma expresa.
"Ésta es la trampa: ya no hay garantía de renovación aunque se cumplan escrupulosamente con toda la normativa y se lleve toda la vida demostrando tu profesionalidad en este sector comercial. Lo más indignante es que se diga que el objetivo es 'permitir la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos'", plantean los comerciantes.
La Plataforma solicita además a la Comunidad y los ayuntamientos que habiliten espacios para instalar mercadillos de iniciativa pública porque, a su juicio, con ello se armonizaría con la Directiva europea sin precarizar el sector.
"El Gobierno de la Comunidad debería aprovechar esta oportunidad para llevar a cabo mejoras en lugar de amenazas, y equipararnos en derechos a otras actividades comerciales que hacen un uso más intensivo del suelo público", mantiene.
ANTECEDENTES
Los mercadillos ya estuvieron en pie de guerra en 1996, contra el Proyecto de Ley para regular el Comercio Ambulante, cuando se intentó equipar este tipo de comercio con los establecimientos y que las autorizaciones sólo se renovarán durante cuatro años.
Este punto no fue aprobado debido a las múltiples movilizaciones llevadas a cabo y finalmente la Ley 1/1997, de 8 de enero, reguladora de la Venta Ambulante de la Comunidad de Madrid estableció que las autorizaciones sean anuales pero prorrogables por idénticos periodos.
De hecho en el apartado 1 y 2 del Art. 11 del decreto 17/1998 que desarrolla esta ley, se reconoce que la renovación de las autorizaciones pueden ser tácitas, es decir, prácticamente automáticas, si el vendedor cumple con los requisitos de la normativa de aplicación; una fórmula adoptada por todos los ayuntamientos en el proceso de renovación durante los últimos 25 años.
Por otro lado, la Ley 1/1997 sólo equiparó a los puestos ambulantes al comercio establecido en las obligaciones, pero no en los derechos. "Hoy, lejos de avanzar en los procesos de igualdad entre estos dos canales de distribución comercial que son complementarios, y por lo tanto, no excluyentes, se ahonda en un proceso que llevará a la desprofesionalización, la precariedad y el aumento del paro", mantiene la plataforma.
En 1996, un informe de la Plataforma entregado a los diversos diputados apuntaba que los gastos medios de un comerciante ambulante, sin incluir los sueldos propios o ajenos ni la seguridad social de los empleados, era de unos 1.500 euros al mes.
"La Comunidad no tiene en absoluto en cuenta esta realidad social y dispone de los puestos de trabajo de miles de familias empujándolas a la desprofesionalización, precariedad y paro", denuncia la Plataforma, que subraya que los mercadillos de la región están en alerta roja.
