SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
El juzgado número 2 de San Lorenzo de El Escorial ha dado 30 días de plazo para que la familia de dos republicanos fusilados en la Guerra Civil presente pruebas de que sus restos están enterrados en el Valle de los Caídos para dictar sentencia sobre su exhumación.
Así lo ha confirmado a Europa Press el abogado de la familia que ha presentado la demanda, Eduardo Ranz Alonso, que ha indicado que se trata del primer caso de Memoria Histórica que se ha tramitado por vía Civil y que es "la primera vez" que se cita en sede judicial española a una nieta que reclama los restos de su abuelo.
El letrado ha explicado que la sesión, que ha durado aproximadamente una hora, ha tenido lugar en el Juzgado de Primera Instancia, número 2 de San Lorenzo de El Escorial, donde han prestado declaración los familiares que reclaman la exhumación.
El abogado ha asegurado que han salido "muy contentos" por el trato recibido y porque el Ministerio Fiscal "ya ha emitido un informe" en el que considera que "hay que estimar la demanda" por lo que el siguiente paso sería "dar probatorio a los documentos".
"Supone un precedente humanitario justo, que se traduce en exhumación y cerrar heridas tras 79 años", ha añadido.
Ranz Alonso ha relatado que el caso se ha iniciado a raíz de la demanda de Purificación Lapeña Garrido, que es nieta y sobrina de un familiar que asegura que está enterrado en el Valle de los Caídos y de su marido, Miguel Ángel Capapé, que es presidente de la Asociación de Memoria Histórica de Aragón (ARICO).
El escrito fue presentado el día 20 de noviembre de 2014 pidiendo autorización para recuperar los restos mortales de los dos hermanos desaparecidos durante la Guerra Civil. Se trata de Manuel y Antonio-Ramiro Lapeña Altabás, fusilados en el barranco de la Bartolina y en la tapia del cementerio municipal de Calatayud, respectivamente.
Los familiares aseguran que ambos fueron enterrados en el Valle de los Caídos en abril de 1959 después de proceder a su traslado desde Calatayud.
"Se solicita igualmente orden de entrega de los restos a su nieta y sobrina, doña Purificación Lapeña Garrido, todo ello realizando la debida inscripción de traslado ante el Registro Civil, y con las garantías de la policía mortuoria. El Ministerio Fiscal, ha emitido un Informe favorable a su admisión a trámite", ha relatado el abogado.
Ranz Alonso ha explicado que tras la declaración de esta mañana, el juez ha solicitado como prueba, en un "plazo máximo de 30 días" documentos que demuestren que no hay nada en la fosa común de Calatayud.
"Lo que piden lo tenemos. Hace cinco años se hicieron catas en la fosa original para ver si había más restos. Hay informes, testimonios, informes del arqueólogo. Lo único que tenemos que hacer es trasladarlo al juzgado", ha añadido.
El abogado ha subrayado que "en su momento" a las víctimas del franquismo "no les dieron la oportunidad ni de huir ni de ser refugiados". "Los apilaron y los asesinaron salvajemente. Hoy por primera vez se les ha puesto voz a esos republicanos", ha afirmado.
En cuanto al modo en el que se procedería a la exhumación, ha indicado que hay 33.000 cuerpos en el Valle de los Caídos ordenados por criptas y que en cada una hay columbarios, con los restos de entre 6 y 8 personas cada una. "La orden afectaría únicamente al lugar donde están esos cuerpos", ha concluido.
ESCRITO DE DEMANDA
En el escrito de demanda, al que ha tenido acceso Europa Press, figura que Manuel Lapeña Altabás nació el 3 de septiembre de 1892 en Villarroya de la Sierra (Zaragoza), que su profesión era inspector - veterinario municipal de Villarroya y otros pueblos aledaños.
"Fue desaparecido según el libro de familia el día 14 de agosto de 1936, y según el acta de defunción, desaparecido en Calatayud el día 27 de julio de 1936", se indica en el documento.
En cuanto a Antonio-Ramiro Lapeña Altabás, nació el 11 de junio de 1897 en Villarroya de la Sierra (Zaragoza), de profesión herrero, "fue desaparecido el día 20 de octubre de 1936".
"Presumiblemente en días inmediatamente posteriores al levantamiento militar del 18 de julio de 1936, don Manuel Lapeña Altabás, fue detenido en 'El Orcajo', lugar sito en las afueras de la localidad de Villarroya de la Sierra, y posteriormente trasladado al barranco de La Bartolina, en Calatayud, donde fue fusilado", se puntualiza.
"Don Antonio-Ramito Lapeña Altabás, tras recibir el aviso de que la Guardia Civil venía a detenerle, procedió a "echarse al monte".
En octubre de 1936, se entregó a la autoridad, procediendo ésta a su ejecución el día 20 de octubre de 1936 en la tapia del Cementerio Municipal de Calatayud, siendo sus restos arrojados en la fosa común del mismo", se añade.
Finalmente, se explica que "en cumplimiento" con las órdenes cursadas por el Ministro de la Gobernación Camilo Alonso Vega mediante Circular de mayo de 1958 a los Gobernadores Civiles Provinciales, "se procede el 3 y el 4 de abril de 1959 a la exhumación y traslado de los restos mortales de don Manuel y don Antonio-Ramiro Lapeña Altabás a El Valle de los Caídos con motivo de su inauguración".