MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Madrid estudiará hoy el archivo de la causa judicial que instruyó un juez de Móstoles contra las compañías telefónicas Vodafone, Orange y Telefónica por los efectos nocivos de las antenas de telefonía móvil que comprenden el denominado 'Triángulo de la muerte'.
Durante la audiencia, los magistrados de la Sección Quinta deliberarán sobre las alegaciones expuestas por el denunciante Antonio Gómez, uno de los vecinos afectados por las emisiones electromagnéticas. El mostoleño interpuso en septiembre un recurso de apelación ante la Audiencia contra el auto dictado el 5 de mayo por el instructor del procedimiento judicial.
El proceso judicial arrancó en enero de 2005, cuando Gómez decidió interponer una denuncia tras la aparición de varios casos de cáncer. Este vecino apodó la zona como 'Triángulo de la muerte', en alusión a la ubicación de las estaciones de telefonía móvil en las azoteas de las viviendas situadas en las calles Pintor Zuloaga y Españoleto de esta localidad madrileña, en las que se incluía la antena de Julio Romero, que ya ha sido retirada por la compañía Vodafone.
En el recurso, Gómez alegó que el Reglamento de Actividades Molestas, Insaludables, Nocivas y Peligrosas establece que "una actividad peligrosa debe constar con las correspondientes licencias de instalación, apertura y funcionamiento". Según el mostoleño, "la licencia de obra no legalizaba a radiar a los vecinos en base al derecho a la integridad física y a la vida de la Constitución Española, ni de perturbar el goce y descanso del vecindario".
El denunciante sostiene que en el entorno de estas viviendas se han producido más de 40 muertes y alrededor de 100 personas han resultado afectadas por cáncer, sobre todo melanomas, tumores y leucemias.
Entre las pruebas solicitadas, Gómez reclamó al juez que realizara un estudio epidemiológico para determinar el grado de radiación en la zona y comprobar los posibles efectos nocivos de las estaciones sobre la salud de las personas que residen en esta área. Sin embargo, el magistrado denegó la petición, lo que fue recurrido ante la Audiencia.
En un auto, los magistrados denegaron el estudio epidemiológico al entender que éste no guarda "relación directa con lo que ha de ser el objeto de un proceso penal". Alegaron que en un procedimiento judicial "no se investigan resultados por graves que sean y por decisivos que puedan ser para cambiar la política sanitaria o de comunicaciones", sino que se trata de "las posibilidades de imputación de estos resultados a personas concretas a título dolo o de imprudencia".
CONTRA VODAFONE, ORANGE Y TELEFÓNICA
La causa judicial promovida por el mostoleño iba dirigida contra las operadoras Vodafone, Orange y Telefónica, cuyos representantes declararon hace ya un año ante el titular del Juzgado número 1 de Móstoles debido a que no aportaron certificados del Ministerio de Industria respecto a la instalación de las estaciones. También se acusaba a las comunidades de vecinos por ser 'consentidoras' de la instalaciones de las antenas.
Hasta que se archivó el caso, el juez les imputaba varios delitos, entre ellos estragos a la salud y a la seguridad colectiva, actividad clandestina, emisión perjudicial al medio ambiente, homicidio y lesiones imprudentes.
En abril de 2007, Vodafone retiró la antena de la calle Julio Romero de Móstoles después de que se hubiera agotado el contrato que mantenía con la comunidad de propietarios y de que los vecinos llevaran el caso a los tribunales en varias ocasiones por la aparición de cáncer en doce habitantes del edificio con resultado de muerte en cinco de ellos.
