Otra empresa que optó al contrato recurrió la adjudicación ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad
MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
La nueva adjudicataria de los autobuses turísticos de Madrid --la UTE formada por Juliá Travel, ALSA y Transportes Bacoma-- no empezará a funcionar hasta el próximo mes de septiembre, dos meses más tarde de lo previsto, tiempo durante el cual la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la capital seguirá haciéndose cargo de este servicio.
Este retraso se deriva de un recurso que otra de las compañías que optaban a este concurso público (Citysightseeing España S.L.) presentó un recurso contra la adjudicación ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.
El mero hecho de recurrir la adjudicación motivó la paralización cautelar del proceso de adjudicación, que se hizo efectiva el pasado 25 de mayo. Según han indicado a Europa Press fuentes del área de Economía y Empleo, los servicios jurídicos municipales recurrieron esta suspensión cautelar, pero el Tribunal desestimó la petición al considerar que los autobuses turísticos no son un servicio esencial.
Así, el proceso judicial ha alargado los plazos de puesta en funcionamiento del nuevo servicio durante casi dos meses, aunque el contrato se firmará definitivamente "en los próximos días" y, a partir de ese momento, la UTE contará con un plazo de 112 días para poner en marcha el servicio, es decir, el próximo mes de septiembre.
Mientras tanto, la EMT seguirá prestando el servicio de los autobuses turísticos como lleva haciendo desde el pasado mes de enero, cuando tuvo que encargarse de él tras vencer la anterior concesión y estar en proceso la nueva adjudicación.
RECURSO JUDICIAL
El pasado 1 de abril el área de Gobierno de Economía de la capital adjudicó el servicio de los autobuses turísticos a la UTE de Juliá, ALSA y Transportes Bacoma, publicando la decisión en el Perfil del Contratante de su página web el día 26 del mismo mes.
El día 17 de mayo, una de las nueve adjudicatarias (Citysightseeing) presentó ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública un recurso contra la adjudicación realizada por el Consistorio, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se alegaba la existencia de "graves irregularidades en las ofertas presentadas".
Este miércoles, el mismo tribunal ha resuelto levantar la suspensión automática del procedimiento y desestimar "por extemporáneo" el recurso, rechazando así los argumentos del recurrente.
El principal argumento de Citysightseeing para recurrir la adjudicación era que la adjudicataria había realizado un "alza temeraria de la oferta", aprovechándose además de conocimiento interno del servicio (Julià también formaba parte de la UTE que gestionó estos autobuses entre 2000 y 2010) y habiendo "falseado la competencia con el resto de licitadores".
Sin embargo, el tribunal recuerda que "es necesario acreditar, como parece pretender la recurrente, que se han falseado datos o no se han ofrecido todos los necesarios" y apostilla además que esos datos estaban ya incluidos en los pliegos de condiciones, que Citysightseeing no impugnó cuando tuvo ocasión.
En cualquier caso, la recurrente continúa señalando que "resulta económicamente imposible hacer frente a la oferta adjudicataria" ganadora, que propone un canon fijo anual de 3 millones de euros y un canon anual variable del 19 por ciento de la facturación bruta hasta 9 millones, o del 6 por ciento si se supera esa cifra.
Ante estos argumentos, el Tribunal Administrativo apunta a que "la Mesa de Contratación ya requirió" una justificación de tal oferta económica a la UTE, que presentó entonces "un informe de viabilidad" que fue revisado por los servicios económicos y jurídicos del Consistorio.
Además, la recurrente consideraba también que se la empresa adjudicataria "incurrió en amplios incumplimientos del anterior contrato", acusación que el tribunal considera "cuestionable" y con fundamentos "imprecisos y carentes de todo sustrato probatorio".
"En todo caso, la administración no es libre, como parece pretenderse en el recurso, de admitir por razones de oportunidad a las licitadoras a un concurso público, estando consagrado en nuestro derecho de contratación el principio de libre concurrencia", añade el fallo.
Por todo ello, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública resuelve que la adjudicación del contrato a la UTE de Juliá, ALSA y Transportes Bacoma es legalmente válida, una decisión de la que ha informado este jueves a los interesados y contra la que cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en un plazo de dos meses.
