Ocho candidatos al Jurado se excusan para librarse del juicio por el crimen de un abogado

   MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Un total de ocho candidatos a formar parte del Jurado Popular que enjuiciará a los presuntos sicarios que acabaron con la vida de un abogado en diciembre de 2008 en Madrid han planteado diversas excusas para librarse de participar en la vista oral con motivo de que está previsto que las sesiones se prolonguen durante más de un mes y medio, han informado fuentes jurídicas.

   El juicio por la muerte del abogado Alfonso Díaz Muñox estaba previsto que arrancara ayer, pero ni siquiera concluyó la selección de los once miembros del Tribunal del Jurado, dos de ellos en calidad de suplentes. En la vista participan ocho defensas y cuatro acusaciones.

   Un total de veinticuatro personas se presentaron ayer en las dependencias judiciales tras ser citados para formar parte del tribunal, dado que al menos debe haber veinte para iniciar los trámites de selección. De los veinticuatro, un total de ocho presentaron excusas para librarse de ser integrante del tribunal popular, siendo los argumentos relativos a cuestiones familiares por el cuidado de hijos y a temas laborales.

   "Más candidatos de lo habitual presentaron excusas para evitar participar dado que está previsto una larga duración de las sesiones. La mañana de ayer se dedicó prácticamente a examinar las excusas", ha comentado uno de los letrados en los pasillos de la Audiencia Provincial de Madrid.

   Tras examinar los casos uno por uno, las partes acordaron ayer aceptar las excusas de cuatro personas, una de ellas en avanzado estado de gestación, dos por temas laborales y una última persona que no se presentó a la vista.

   Esta mañana, el tribunal y los abogados continuaban con la selección de los miembros del tribunal. Y al mediodía ya habían recusado a algunos de los seleccionados al estar disconformes con ello. A las 13.30 horas se había elegido a seis miembros de los once que deben ser elegidos, según han señalado fuentes jurídicas.

   Entretanto, los ya elegidos se han quejaban en los pasillos de la sede judicial de la entrevista al manifestar que parecía más un interrogatorio, así como de la larga duración de la vista oral. Uno de ellos ha asegurado que la Justicia debía de ser más ágil.

   Cuando concluya la selección, las partes y el representante de la Fiscalía de Madrid expondrán sus alegaciones previas y arrancará la declaración de los ocho acusados. Estos se enfrentan a penas de entre 15 y 24 años de prisión por un delito de asesinato.

   Precisamente, la Audiencia tuvo que disolver la pasad semana al Jurado que enjuició al clan Jodorvoch por su presunta participación en el crimen de un colombiano al no llegar a un acuerdo. Tras devolver las actas hasta en tres ocasiones, la presidenta del jurado anunció que se disolvía el jurado y que el juicio debía repetirse. Se vuelve a ocurrir esta situación, los acusados serán absueltos.

MUERTO A TIROS

   El abogado fallecido estaba especializado en casos relacionados con el tráfico de drogas y que defendía a Zakhar Kalashov, el supuesto jefe de la mafia ruso-georgiana relacionado con la operación 'Avispa'.

   Los procesados fueron presuntamente contratados para cometer el asesinato, que se llevó a cabo cuando el letrado se encontraba en el interior de su coche, dentro de un garaje ubicado en el distrito de Chamartín.

   Según el escrito del fiscal, dos de los acusados se reunieron a finales de diciembre de 2008 en una cafetería con un tercero para hablar sobre el encargo recibido para acabar con la vida del letrado.

   Así, la persona que recibió el encargo propuso a otro de los acusados llevarlo a cabo a cambio de 60.000 euros.La víctima recibió dos disparos, uno de ellos en la cabeza. Los hechos ocurrieron sobre las 21.40 horas en un garaje ubicado en el número 14 de la calle Antonio Rodríguez.

RELACIONADO CON CASOS DE DROGAS

   El abogado, que solía trabajar en casos relacionados con el tráfico de drogas, representó a uno de los acusados --un policía de San Martín del Rey-- en la conocida 'Operación Pipol', en la que por primera vez se acusó a Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro (ambos imputados por la masacre del 11-M) de tenencia y tráfico de dinamita y detonadores.

   En este proceso, que comenzó en 2001, la Policía encontró 84 kilos de hachís, 3 de cocaína y casi 5 millones de las antiguas pesetas, además de descubrir 16 cartuchos de dinamita y 96 detonadores eléctricos.