MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
La ayuda a domicilio volverá mañana al Pleno de la Casa de la Villa a través de una proposición del PSOE y en un debate en el que IU defenderá que la falta de un convenio entre Ayuntamiento y Comunidad está paralizando en algunos casos, precisamente los más graves, la ayuda a domicilio que se presta por parte del Consistorio.
Y es que en la sesión plenaria de mañana la oposición defenderá posturas diferentes ya que si el PSOE abogará por una modificación de la ordenanza de ayuda a domicilio, IU cree que la raíz del problema no es ésta sino que se encuentra en el hecho de que "no haya convenio" entre las dos administraciones para desarrollar la Ley de Dependencia.
A través de ese convenio se establecería la hoja de ruta del reparto del dinero, que debería llegar a las arcas municipales para crear una red única de atención, como explicó la portavoz de IU de Familia y Servicios Sociales, Milagros Hernández.
La edil puso como ejemplo el caso de una persona con algún problema de movilidad y que necesite ayuda a domicilio para limpiar, quien sí recibe el servicio municipal con la nueva ordenanza. Sin embargo, una situación más grave, con una persona encamada "puede no tenerla" al responder "al modelo de dependencia con el que no tenemos acuerdo con la Comunidad".
En este mismo sentido se expresó el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, que sostuvo que "muchas" de las personas que reciben el grado de dependiente por la Comunidad y que contaban con el servicio de ayuda municipal ven como esta prestación se les retira o se les deniega.
"Planteamos una modificación de la ordenanza para que estas personas sigan recibiendo la ayuda, que se llegue a acuerdo rápido entre las dos administraciones, que se pongan de acuerdo y que el servicio no se interrumpa en ningún momento", defendió Lucas.
Por otro lado, Milagros Hernández también reprochó "la mala gestión" de los contratos de ayuda a domicilio por parte del director general del Mayor en el Ayuntamiento de Madrid, Florencio Martín. El actual expirará a primeros de septiembre y el siguiente no entrará en vigor hasta enero, "con lo que se ahorran tres meses" y explican las "órdenes de reducción de horas que han dado a las trabajadoras sociales".
