Organizaciones feministas y sindicales entregan en los juzgados 4.000 autoinculpaciones de aborto recogidas en Madrid

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Representantes de más de 72 organizaciones feministas, de planificación familiar y sindicales presentaron hoy en los juzgados de guardia de Madrid 4.000 autoinculpaciones por haber abortado, dentro de la campaña 'Por el derecho de las mujeres a decidir', en solidaridad con las mujeres llamadas a declarar por esta causa y para solicitar que se cambie la legislación al respecto.

Concretamente, estos colectivos solicitan, en el manifiesto leído ante los Juzgados de la Plaza de Castilla, "un cambio inmediato de la ley para que el aborto deje de estar considerado como un delito en el código Penal, que se garantice que se realiza en la red sanitaria pública y que se respete el derecho de las mujeres a decidir".

Los organizadores de la campaña, acompañados en el acto por representantes de IU, PSOE y de las clínicas que practican abortos, apuntaron que estas firmas de autoinculpación (2.478 de mujeres que declaran haber abortado voluntariamente "de forma consciente y responsable" y otras 1.422 de personas que declarar haber acompañado a una mujer a abortar) expresan de este modo su solidaridad con las mujeres llamadas a declarar por los juzgados 35 y 47 de Madrid y denuncian "la vulnerabilidad jurídica y social en la que se encuentran las mujeres que deciden abortar y los profesionales sanitarios que atienden esta demanda".

La portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, lamentó tener que realizar este tipo de reivindicaciones, "después de creer que tenemos unos derechos consolidados, para solidarizarnos y garantizar los derechos de la mujer a decidir sobre la interrupción del embarazo". instó a los partido a "ser claros".

EL ABORTO, FUERA DEL CODIGO PENAL.

La diputada GIU-ICV Montse Muñoz señaló, por su parte, que "el aborto debe salir del Código Penal y debe haber una reforma de la ley para ir a una ley de plazo para que la decisión sea de la mujer dentro del plazo establecido, que les dé seguridad jurídica y que sea un derecho que se haga en el Sistema Nacional de Salud ya que se trata de una prestación sanitaria reconocida".

La secretaria de Políticas de Igualdad de la Ejecutiva Regional del PSM, Angeles Alvarez, reconoció que el PSOE podría haber incluido en su programa electoral la modificación de la ley del aborto, como recogía el programa de las elecciones anteriores, si no se hubiera producido la "campaña torticera" que denuncia. Sin embargo, señaló que no se trata de "un paso atrás sino de un paso adelante porque es una estrategia más amplia la que propone el PSOE en su programa".

A su juicio, una ley de plazos también es insuficiente ya que "deja fuera mucha situaciones que deberían recogerse a través de un reglamento que especifique en cuáles se puede abortar pasado el plazo, ya que ahora se dan casos de mujeres que abortan hasta de siete meses. Eso no es deseable y la estrategia del PSOE pretende que la ley garantice que esa mujer pueda conocer la malformación del feto antes de llegar a ese punto", apostilló.

Las representantes de los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo en la necesidad de abrir un debate al respecto. Alvarez apuntó la necesidad "que la ley cuente con el consenso que ha tenido durante estos 20 años y que se ha roto por parte de la derecha que se esconde detrás de los grupos ultraconservadores y que no se ha manifestado a favor de este derecho de la mujer". Por ello, instó al PP a que perfile con el PSOE el modo de hacerlo en la próxima legislatura. Sabanés, por su parte, pidió "que cada partido diga con claridad sus posturas: si Rajoy va a cambiar la ley, si el PSOE va a hacer modificaciones legales para que no pase más esto y por parte de IU está claro que reivindicamos una ley de plazos que sin disimulos garantice el derecho de la mujer a decidir libremente sobre la interrupción del embarazo".

Por su parte, Justa Montero, miembro de la Asamblea Feminista, una de las asociaciones convocantes del acto, manifestó que es "sorprendente que incluso en los supuestos que recoge la ley haya mujeres que se encuentren en situación de que cualquier persona pueda interpretar su decisión y poner denuncias", por lo que abogó por un cambio en la ley.