GETAFE, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de la Madrid, Enrique Ossorio, ha asegurado este martes que el Gobierno regional tiene dinero por si tuvieran que indemnizar a las empresas adjudicatarias de la gestión de seis hospitales públicos tras la retirada del proceso.
Preguntado por una posible indemnización a estas empresas tras visitar las nuevas oficinas de información al consumidor de Getafe, el consejero madrileño ha apuntado que tendrán que analizar el auto judicial "y ver los procedimientos de contratación y cuál sería esa situación".
En esta línea, ha señalado que ahora, tras la decisión de abandonar el proceso, la Consejería de Sanidad tendrá que ahorrar 130 millones de euros mediante medidas de eficiencia y ha reiterado que el presupuesto de la Comunidad de Madrid ya partía de esa doble posibilidad, ya que "no se sabía en aquellos momentos qué decisiones iban a tomar los tribunales, y contemplaban las dos posibilidades".
Asimismo, ha indicado que el presupuesto de Sanidad de este año son 130 millones de euros menos que el ejercicio anterior, "que hubiese salido de manera natural del ahorro que se producía por la cápita que se pagaba en esos hospitales como consecuencia de lo concursos".
"Dado que esto no se va a producir, la Consejería de Sanidad tiene que ahorrar esos 130 millones para conseguir tener el presupuesto para el mismo gasto que tuvo el año pasado, y viendo la trayectoria de la Consejería de Sanidad desde el año 2011, ha rebajado de una manera muy sustancial el gasto sin rebajar el servicio que presta a los ciudadanos", ha agregado.
Según el consejero de Economía, este año "lo que hay que hacer es implantar nuevas medidas de centralización de compras para lograr ahorrar esos 130 millones de euros, y se puede conseguir".
SOLER: "UN ERROR DEL PODER JUDICIAL"
Por su parte, el alcalde de Getafe, Juan Soler, ha manifestado que lo ocurrido "es un error del poder judicial, ya que la reforma iba en el sentido de intentar sostener la Sanidad Pública".
"Se ha hecho muchísima demagogia, la sanidad estaba garantizada como pública y gratuita, pero con una forma diferente de gestión, y no entiendo que se condicionen las funciones estrictas del Ejecutivo desde el Judicial, pues puede haber un conflicto de separación de poderes que consagra la Constitución", ha subrayado.
En su opinión, en el auto del TSJM no había problemas de legalidad, sino de oportunidad política, "cosa en la que no debe entrar el poder judicial".