Pedro Castro ve "mal" que se haya aplazado la aprobación de la Ley de Gobierno Local hasta después del 22-M

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, ha afirmado este lunes que le parece "mal" que el Gobierno haya decidido aplazar el debate y la aprobación de la Ley de Gobierno y Administración Local para después de las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo ya que, a su parecer, "es urgente reformar el sistema de financiación y el modelo competencial" de los tres niveles de la Administración del Estado.

Así lo ha manifestado Castro durante el desayuno informativo de la Fundación Democracia y Gobierno Local, en el que se han presentado los resultados del informe 'Gasto no obligatorio de los municipios españoles 2004-2007'; informe que, según el presidente de la FEMP, pone de manifiesto "el problema estructural que tienen los ayuntamientos" al verse obligados "a financiar actividades y servicios que no son de su competencia y que en su mayor parte corresponden a las comunidades autónomas".

"Queremos que se ajusten cuanto antes las competencias municipales para poder establecer la financiación correspondiente que nos permita llevarlas a cabo", ha señalado, para reiterar que como consecuencia de esta falta de regulación, "los ayuntamientos se ven obligados a suplir las carencias de las comunidades autónomas" sin contar con unos fondos apropiados para ello.

Tal y como pone de manifiesto este estudio, realizado por la Diputación de Barcelona en colaboración con el Instituto de Economía de Barcelona (IEB), el gasto no obligatorio de los municipios entre 2004 y 2007 fue del 25,8 por ciento, lo que se traduce en una media de 259,67 euros por habitante que los municipios decidieron invertir para desarrollar servicios "esenciales" pero que no entran dentro de sus obligaciones; un gasto que el propio Castro ha calificado de "impropio".

"Una cuarta parte de nuestros presupuestos va destinada a servicios y actuaciones que no son de nuestra competencia o que se llevan a cabo supliendo a otras Administraciones, principalmente a las comunidades autónomas", ha señalado, para añadir que "los resultados hablan por sí mismos".

En este sentido, Castro ha asegurado que "aunque los ayuntamientos no disponen de la financiación adecuada", se ven obligados a desarrollar estos servicios, "porque los que tienen que hacerlo no lo hacen, y cuando quieren hacerlo se ha pasado el tiempo"; servicios que en la mayoría de los casos tienen que ver con aspectos relacionados con seguridad y protección civil (26,6 por ciento), cultura (25,7 por ciento), promoción social (11,9 por ciento) y otros servicios comunitarios y sociales (8 por ciento).

"Es a los alcaldes a los que los ciudadanos nos cuentan su situación y nosotros no podemos decirles que no es nuestra competencia solucionar sus problemas", ha remarcado, para insistir en "el problema estructural" que a su juicio refleja esta falta de definición de competencias.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni Fogué, que también ha participado en la presentación del informe, ha vuelto a hacer hincapié en la idea de que "no por no ser un gasto no obligatorio es innecesario". "Aunque no es obligatorio por ley, es de obligado cumplimiento para los alcaldes y alcaldesas que deben responder a las necesidades que van surgiendo", ha defendido.

LOS MUNICIPIOS PEQUEÑOS, LOS MÁS AFECTADOS

Según este estudio, los municipios de menos de 5.000 habitantes son los que realizan un volumen de gasto no obligatorio más elevado, el cual se situado en un 30,9 por ciento de su gasto total, un 25 por ciento por encima de la media.

Tal y como ha subrayado la profesora titular del Departamento de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona y coordinadora del informe 'Gasto no obligatorio de los municipios españoles 2004-2007', esto se debe a que es en estos caso en los que existe una mayor indefinición de las competencias, y por lo tanto, una menor obligatoriedad.

Por comunidades, los municipios que mayor gasto voluntario realizaron durante el periodo reflejado en el informe fueron los madrileños, con una media de 308 euros por habitante y los catalanes, situando el gasto en 299 euros, seguidos de los pertenecientes a Castilla-La Mancha y Baleares.

Los municipios gallegos y cántabros fueron los que menos porcentaje de su presupuesto destinaron a este tipo de gastos, situándose esa cantidad en 162 y 207 euros por persona, respectivamente.

GASTO SUPLETORIO

El informe pone a su vez de manifiesto que casi la mitad del gasto no obligatorio que los municipios llevaron a cabo entre 2004 y 2007 era "supletorio", es decir, les habría correspondido asumirlo a otras administraciones, principalmente las comunidades autónomas.

De los 259,67 euros por habitante que los ayuntamientos destinaron a desarrollar competencias que no les correspondían, 115 euros, es decir, un 44,4 por ciento del total de ese gasto no obligatorio, podría considerarse "de suplencia".

Las actividades que más se financiaron a través del gasto supletorio fueron las relacionadas con la seguridad y protección civil (66,8 por ciento del gasto supletorio), la promoción social (26,9 por ciento) y la sanidad (6,3 por ciento), siendo los municipios de más de 50.000 habitantes los que más volumen de gasto hicieron en este sentido.