Piden acabar con un modelo de inspección de edificios en Madrid que ignora advertencias previas tras derrumbe en Hileras

Fachada del edificio derrumbado en la calle Hileras
Fachada del edificio derrumbado en la calle Hileras - Matias Chiofalo - Europa Press
Europa Press Madrid
Publicado: jueves, 9 octubre 2025 12:42

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha reclamado este jueves acabar con un modelo de inspección de edificios en la capital que "ignora" las advertencias de peligro previas sobre las obras iniciadas bajo declaración responsable en edificios habitados, "un modelo que ha dejado sin control público la seguridad estructural de la ciudad".

En concreto, advierten que con estas intervenciones, validadas por Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU), "empresas privadas contratadas por las propias promotoras", se "ponen en riesgo tanto a las familias residentes como a los trabajadores que operan dentro de los inmuebles".

Una advertencia que llega tras el derrumbe de un edificio en rehabilitación en la calle Hileras de Madrid, en la zona de Ópera, en el que han perido la vida cuatro personas (tres obreros y una arquitecta). Unas obras tramitadas con dos declaraciones responsables y una licencia, según el sindicato.

"El modelo impuesto por el Área de Urbanismo ha convertido la inspección en un negocio. Las ECU, pagadas por las promotoras, validan sus propios proyectos sin control municipal y sin que nadie asuma la responsabilidad de lo que ocurre cuando las cosas salen mal", ha advertido.

Un esquema que en su opinión "no solo debilita la fiscalización pública, sino que genera un conflicto de intereses estructural", ya que "quien cobra por aprobar no puede garantizar la seguridad". "El resultado está a la vista: cuatro trabajadores fallecidos y un edificio derrumbado en Hileras, otros en obras habitadas bajo el mismo sistema y una ciudad entera expuesta a nuevos riesgos evitables", alerta.

En este sentido, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid exige la paralización "inmediata" de todas las obras en viviendas habitadas bajo control de las ECU, una auditoría independiente del sistema de entidades colaboradoras y la "recuperación del control urbanístico público como función esencial e intransferible de la administración".

También reclama también responsabilidades políticas, en particular las del delegado de Urbanismo, Borja Carabante, "por mantener un modelo que antepone los intereses de las promotoras a la seguridad y al derecho a la vivienda". "Madrid se está derrumbando bajo el peso de un urbanismo privatizado que ya ha empezado a matar. El Ayuntamiento fue advertido, dispone de pruebas y registros, y eligió no actuar. Si nada cambia, el próximo derrumbe podría ocurrir en cualquiera de los edificios que hoy siguen en obras bajo este mismo sistema", advierte.

En este sentido, se refiere a dos ejemplos concretos, en San Ildefonso 20 y en Tribulete 7, donde las familias siguen viviendo "entre obras de demolición que avanzan sin inspección pública previa y con condiciones de seguridad inexistentes". En el caso del Bloque en Lucha de San Ildefonso 20, subraya que desde hace meses se ha advertido al Ayuntamiento sobre la gravedad de su situación.

Según explica, se han presentado peticiones urgentes de reunión con el concejal del Distrito Centro, Carlos Segura Gutiérrez, una carta al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, solicitud de intervención en el Pleno municipal y una consulta ciudadana registrada.

"Ninguna de estas comunicaciones ha dado lugar a una inspección, una respuesta efectiva o una medida de protección", lamenta el sindicato, que explica que los vecinos pidieron que el Ayuntamiento verificara si las obras ejecutadas se correspondían con lo declarado por la promotora y que se actuara de forma inmediata para garantizar la seguridad "pero el silencio institucional ha sido total".

En todos estos casos, ha denunciado, la supervisión fue delegada a una ECU privada, "lo que demuestra que el Ayuntamiento ha privatizado el control urbanístico y ha permitido que empresas con intereses económicos directos ejerzan funciones que deberían ser estrictamente públicas".

Finalmente, el Sindicato de Inquilinas ha trasladado su solidaridad y "un abrazo fraternal" a los familiares de los trabajadores "asesinados por este modelo de ciudad neoliberal dirigido por el PP madrileño".

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