Piden tres años y medio de prisión para un exalcalde de Manzanares el Real por prevaricación

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo lunes al exalcalde de Manzanares el Real Fernando Lozano París y el exedil de Hacienda, Obras e Infraestructuras José Manuel Luján por prevaricación, en concurso con un delito de malversación de caudales públicos.

El exalcalde se enfrenta a una pena de tres años y seis meses de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público por espacio de quince años y seis meses, y el segundo a una pena de prisión de cuatro años y seis meses e inhabilitación para empleo o cargo público por espacio de dieciséis años y seis meses.

Según el fiscal, el día 26 de febrero de 2003, José Manuel Luján dictó el decreto 177/2003, según el cual, y a petición del otro acusado, se acordó suspender "la ejecutividad de los acuerdos plenarios del 30 de enero de 2003, en los que se modificaba la relación de cargos del Ayuntamiento con dedicación retribuida, lo que conllevaba una importante reducción de los ingresos de ambos procesados".

"Uno y otro tomaron la decisión de dictar el decreto desoyendo las indicaciones de la secretaria y del vicesecretario del Ayuntamiento, que eran contrarios tanto a la posibilidad de suspender el acuerdo como a la competencia del concejal para dictar el decreto", señala el fiscal.

Fernando Lozano Paris, a pesar de los informes de reparo del vicesecretariointerventor, en las nóminas y pagos relativas a sus retribuciones, y a las retribuciones de José Manuel Luján, así como a las nóminas y retribuciones de la concejal delegada de Juventud, Turismo e Igualdad, Sra. Palomino González, correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2003, ordenó su abono amparándose en el decreto 177/2003.

De este modo, José Manuel Luján Martín percibió la cantidad de 11.131,73 euros; Fernando Lozano Paris 8.862,99 euros y la Sra. Palomino González la cifra de 61.808,21 euros, pese a que el propio osé Manuel Luján, con fecha de 17 de marzo de 2003, dictó un nuevo decreto, el 269/2003, que dejaba sin efecto el decreto 177/2003.