MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, insistió hoy en que la remisión del anteproyecto de Ley de la Cañada Real Galiana a la Asamblea se ha hecho sin el consenso de los consistorios afectados para, a renglón seguido, pasar a reclamar la eliminación del plazo temporal de dos años, incorporado en el texto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
La edil explicó en un corrillo con periodistas durante la celebración del Pleno ordinario que, de salir adelante el texto tal y como ha sido remitido a la Asamblea, supondría que a los dos años se podría desafectar, vender o permutar los terrenos de la Cañada sin que se hubiera alcanzado previamente un acuerdo social entre todas las administraciones implicadas, esto es, los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas, la Delegación de Gobierno y el Ejecutivo regional.
"Decimos que sin acuerdo con los ayuntamientos la Ley es papel mojado, igual que si no hay una responsabilidad social, por eso pido responsabilidad de todos para que en el trámite parlamentario se retire el plazo de dos años", expuso la concejala, que reiteró que la responsabilidad social "no puede tener límites, ni temporales ni de ningún tipo".
Martínez corrigió asimismo al portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, que ayer afirmó que el texto remitido a la Asamblea introducía ajustes y matices después de que los consistorios criticaran que se había modificado el documento consensuado con todas las partes en el mes de julio. "Los ayuntamientos no conocemos esos ajustes y además se mantiene el plazo, que es lo que está en discusión", matizó la popular. La responsable madrileña de Urbanismo subrayó que "antes de vender hay que llevar a cabo una intervención social".
Sobre el mantenimiento de la clausula temporal en el texto remitido a la Asamblea, Martínez dijo a los periodistas que de eso debería dar cuenta "quien ha incumplido el acuerdo alcanzado en la mesa de negociación del 7 de julio", esto es, la Comunidad de Madrid. Sin embargo, añadió que confía en la rectificación para que se alcance un consenso en el trámite parlamentario "porque fue un compromiso de Esperanza Aguirre, que dijo que no tramitaría la ley sin él".
