MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
La delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, negó hoy ante el juez Santiago Torres, que instruye el 'caso Becara', que el concejal-presidente del distrito de Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna, haya dispensado algún tipo de trato de favor en la tramitación del expediente de licencia de la tienda de decoración Becara, situada en el número 18 de la calle Juan Bravo.
Martínez y el viceconsejero de Transportes, Luis Armada, por su actuación como antiguo gerente de Urbanismo, testificaron ante el magistrado a instancias del Grupo Municipal Socialista para explicar el proceso en el que se tramitaron las licencias de este establecimiento. También declaró el actual jefe de licencias, José Ramón Orellana.
El juez Torres, al frente del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, investiga una serie de irregularidades cometidas supuestamente por responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo en la concesión de licencias a la reconocida firma de decoración.
El procedimiento se inició por una denuncia interpuesta por María Adelaida Rodríguez-Patón y Juan Mariano Goyeneche, unos vecinos del edificio de la calle Juan Bravo, que dieron cuenta al juez de las supuestas anomalías en la concesión de tres licencias; la de obras, apertura y funcionamiento. Actualmente, el local tiene licencia para venta y exposición de muebles en la planta baja. En 2002, obtuvo la autorización para vender en la planta segunda, pero la lucha judicial con la familia de Goyeneche impide desde entonces a los propietarios ejercer ese derecho.
Al término de la declaración, que se prolongó por dos horas y media, la delegada de Urbanismo manifestó a los periodistas que en el expediente de Becara "no puede existir ningún trato de favor" por parte de Henríquez de Luna, puesto que "no ha intervenido, ni ha dictado ninguna resolución que tenga que ver con las licencias" de la tienda.
Martínez acusó a los socialistas de "instrumentalizar" la Justicia para dirimir "un conflicto" entre dos familias que dura más de diez años. Además, recordó que esto implica "un coste económico importante para la Administración". "Es injusto y poco correcto que se permita la utilización de los tribunales para dirimir este problema", dijo.
LICENCIAS
Respecto a las licencias, la delegada insistió en que en 2002, el Pleno del Ayuntamiento concedió a los dueños de la firma el derecho de cambiar una parte del local para exponer muebles. "Todavía hoy no lo han podido ejercer. No hay ninguna peligrosidad ni para usuarios ni vecinos. Se trata de una actividad económica", añadió.
Por su parte, Armada defendió durante su comparecencia la legalidad en la concesión de las licencias. Armada concedió dos licencias en 1999, una de obras y otra de apertura. En 2003, se otorgó la de funcionamiento. La familia Goyeneche llevó el caso a los tribunales, al alegar que los permisos quebrantaban la norma urbanística al estar calificado el edificio de fuera de ordenación.
Para certificar la legalidad del expediente, el viceconsejero presentó al juez varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que avalan que las licencias se ajustaron a la legalidad urbanística.
Desde que saliera a la luz el caso, Henríquez de Luna ha defendido que su acusación responde a "una venganza" de la familia denunciante, los Goyeneche, insistiendo en que la Junta Municipal de Salamanca "no intervino en la concesión de la licencia" a la tienda.
Según el edil, la primera licencia se otorgó en 1999. Entonces, él no era concejal del Ayuntamiento de Madrid y todas las licencias se tramitaban en la Gerencia de Urbanismo. Por ello, los socialistas solicitaron ahora la comparecencia como testigos de Martínez y Armada.
La titularidad del local Becara corresponde a la mercantil BZ Asuntos de Familia, S.L., cuyo apoderado es el ex diputado del PP Jorge Trías Sagnier, marido de una de las propietarias. El ex gerente de Urbanismo Luis Armada otorgó en 1999 la licencia de obras y apertura.
En marzo de 2000, Becara abrió sin licencia de funcionamiento porque se le denegó por quebrantar la normativa urbanística al ser un edificio calificado como fuera de ordenación. Esta denominación obliga a mantener la misma actividad que tenía cuando se concedieron las primeras licencias. Anteriormente, la actividad era de compra y venta de vehículos.
