Pozuelo de Alarcón insiste en "riesgo cierto de hacinamiento" para hacer efectivo el cierre del centro de migrantes

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha presentado este martes el escrito de alegaciones en relación a las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno central sobre el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de personas refugiadas del municipio insistiendo en que existe un "riesgo cierto de hacinamiento" en el mismo.

En concreto, el Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, interpuso el pasado mes de noviembre un recurso contencioso-administrativo con la petición de medidas cautelares contra el cierre del CREADE de Pozuelo, ordenado en septiembre por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, con un plazo de cuatro meses para realojar a las 400 personas que allí residían.

En sus alegaciones, el Consistorio liderado por Paloma Tejero (PP) insiste en que el centro, un edificio cedido por Seguridad Social (Ministerio) a Migraciones en 2022, incumple "no solo la normativa municipal, sino también la estatal".

Desde el Ayuntamiento han insistido en que el centro solo cuenta con licencia para 270 camas de hospedajes breves de asistentes a cursos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y "no para acoger de forma indefinida hasta 564 solicitantes de asilo", tal y como traslada el Ministerio en la documentación que aporta al juzgado.

Esta situación, ha recalcado, representa un "riesgo cierto de hacinamiento", según denuncia el Ayuntamiento en su escrito al juzgado. Además, ha añadido, la única licencia con la que cuenta este edificio desde 2013 contemplaba la necesidad de una nueva licencia de funcionamiento en caso de modificar su actividad.

"Será necesaria la obtención de nueva licencia de funcionamiento cuando se modifique la clase de actividad a que fuera a dedicarse el establecimiento y para la reforma sustancial de los locales o instalaciones", se indicaba en este sentido. Así, ha insistido en que cualquier modificación y los cambios de titularidad deberían ser comunicados al Ayuntamiento, algo que, según ha remarcado el Consistorio, "ha incumplido el Gobierno central".

Según han explicado desde el equipo de Gobierno liderado por Paloma Tejero, la Tesorería General de la Seguridad Social cedió ese inmueble a Migraciones "para una actividad muy distinta a la original y sin solicitar una nueva licencia". Además, ha recordado esa cesión se hizo en marzo de 2022 "única y exclusivamente" para la emergencia por la guerra de Ucrania, según explicó entonces el Ministerio.

No obstante, un año y medio después, en septiembre de 2023, el Gobierno central lo convirtió en un centro permanente y genérico, "de nuevo sin pedir licencia y pese a que la atención a solicitantes de asilo de todo el mundo, por su propia naturaleza y dimensión, requiere de unas instalaciones muy distintas y con mucha más capacidad que para un caso puntual".

"El Gobierno central también incumplió así su propio acuerdo por el que adscribió a Migraciones ese edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social solo para la emergencia por la guerra de Ucrania, no para todos los demás casos", han remarcado desde el Ayuntamiento.

En la misma línea, desde el Ejecutivo local han subrayado que a esta situación "irregular" se suma también que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha amenazado en al menos un par de ocasiones con utilizar este mismo centro para acoger a cientos de menores inmigrantes no acompañados".

A LA ESPERA

El Ayuntamiento dio de plazo al Ministerio cuatro meses para realojar a las personas que residían en el mismo, que venció el pasado sábado. Durante este tiempo, ha denunciado el Consistorio, el departamento que dirige Elma Saiz, "no ha hecho nada por regularizar esa situación en la vía administrativa, sino que se ha limitado a acudir a la judicial con un recurso contencioso-administrativo y solicitando las citadas medidas cautelares para paralizar la orden de cierre".

Una "maniobra" del Gobierno central ante la que ahora se tendrá que pronunciar el juzgado para determinar "si mantiene abierto ese centro sin licencia". El Consistorio ha recordado que los plazos judiciales que se han prolongado más allá de la fecha de cierre porque el recurso presentado por el Ministerio el 17 de noviembre "tardó más de un mes en llegar", concretamente la víspera de Nochebuena, momento a partir del cual empezó correr el plazo de alegaciones.

"Cuanto más avanza este Ayuntamiento para que el Gobierno de Sánchez cumpla la ley en nuestra ciudad, más claro queda que no solo la ha incumplido, sino que está empeñado en seguir incumpliéndola con cosas tan temerarias como autorizar que se metan casi 600 personas donde no caben ni la mitad, sin licencia y saltándose todas las normas", ha destacado la alcaldesa de la localidad.

En cualquier caso, desde el equipo de Gobierno han dicho confiar en que la justicia actúe "ante esta irresponsabilidad. "En cualquier caso, llegaremos hasta donde haga falta para que así sea", ha advertido.