PP y Cs derogarán en 2020 la ordenanza de Cooperación Público-Social, muro contra la arbitrariedad, alerta Más Madrid

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ya hay fecha para la derogación de la ordenanza de Cooperación Público-Social del Ayuntamiento --el tercer trimestre de 2020, tras pasar por la preceptiva consulta previa, según recoge el plan normativo anual--, un texto que servía de muro de contención de la "arbitrariedad" y que imposibilitaba cualquier amenaza de "chantaje o redes clientelares".

Así lo defiende el concejal de Más Madrid Nacho Murgui, impulsor en la legislatura pasada, junto con su equipo, de esta ordenanza que suponía avanzar en la institucionalización de un nuevo marco de relación entre la sociedad civil organizada y la Administración para desarrollar actividades que generen un beneficio a la ciudadanía, distinto al que ofrece la prestación de los servicios públicos.

La cesión de inmuebles a entidades vecinales se encuentra detrás del paraguas de la cooperación público-social, igual que la cogestión con entidades de barrio de instalaciones deportivas, la regeneración de los espacios interbloques y de todas las acciones de los Equipos de Actuación Distrital, los Planes de Barrio, los huertos urbanos comunitarios, los espacios de autogestión de ocio adolescente...

Antes de la ordenanza, lo que campaba era "la discrecionalidad del concejal", con la que acaba este texto que ahora será derogado, ha explicado a Europa Press el concejal Murgui. "¿Lo que van a poner en su lugar? Ya lo veremos pero de momento la van a eliminar, que es lo que está haciendo este gobierno, eliminar", ha lamentado.

El edil remarca que la ordenanza "además pone en valor el trabajo de las asociaciones" cuando con la decisión de derogarla lo que parece es que PP y Cs "quieran que vuelva la arbitrariedad para que sea la cesión de locales y otros recursos una herramienta en manos de los concejales para ejercer ese poder".

"Entonces sí hablamos de chantaje, de la posibilidad de establecer redes clientelares, pero cuando hay una ordenanza ya no hay esa posibilidad de redes ni de utilizar discrecionalmente un recurso", ha argumentado Nacho Murgui.

BOLONIA, NÁPOLES, ÁMSTERDAM, NUEVA YORK...

La ordenanza nació para oficializar una realidad, que la ciudadanía siempre va por delante de las instituciones a la hora de tomar iniciativas y resolver problemas. Bolonia, Nápoles, Ámsterdam, Nueva York, sin olvidarse de las capitales nórdicas, son algunos de los puntos del planeta en los que este modelo de cooperación público-social está ampliamente arraigado.

Criterio, transparencia y seguridad jurídica son algunas de las ideas que se encuentran en la base de la ordenanza que en 2020 será derogada. Fue aprobada el 30 de mayo de 2018 con el apoyo del Gobierno presidido por Manuela Carmena y el PSOE y el rechazo frontal de PP y Cs, expresado con sendas enmiendas a la totalidad.

Pretendía "superar el insuficiente binomio público-privado" pero para Cs podía pervertirse y convertirse en una norma que "puede ser utilizada de forma arbitraria y discrecional" mientras que el PP la veía como "la pieza de cierre de la red clientelar". Murgui ya les contestaba espetando a PP y Cs que sus dudas eran un reflejo de que "temen a la gente".

"Van a eliminar la normativa que daba cauce y ordenaba, por ejemplo,
la cesión de espacios y recursos a entidades ciudadanas regulándolo como un derecho y con unos procedimientos que la hacían más transparente, más igualitaria, justa y ordenada", ha indicado Nacho Murgui año y medio después de que la ordenanza fuera aprobada en el Pleno de Cibeles.

El texto en vigor exige procesos de concurrencia pública, lo que para el concejal de Más Madrid tumba las razones que vienen adelantando desde el Gobierno municipal para derogar la ordenanza y otras herramientas de participación ciudadana. "Todo el argumento de que quieren hacer procesos de concurrencia pública, de que quieren hacer procesos más transparentes e igualitarios es falso porque es precisamente lo que garantiza la ordenanza", subraya Nacho Murgui.

EL CASO DEL MERCADO DE SAN ENRIQUE

El edil pone de ejemplo el Mercado de San Enrique, en Tetuán, donde la Junta de Distrito ha cambiado de planes y echado atrás el espacio adjudicado a una federación de doce de asociaciones que iban a poner en marcha iniciativas de apoyo jurídico en casos de violencia de género, asesoría legal para personas sin recursos, respaldo a familias con casos de diabetes, punto de recogida del Banco de Alimentos o programas de ocio saludable para los más jóvenes.

Esta federación vecinal, integrada por entidades declaradas de interés público municipal, se hizo con los 2.000 metros cuadrados de la primera planta a través de un concurso amparado en la ordenanza de Cooperación Público-Social. Murgui lo tiene claro: "El problema es que no son las asociaciones a las que ellos (PP y Cs) les darían locales, a pesar de la enorme heterogeneidad de las entidades (del proyecto de Tetuán)" y de su carácter ciudadano y apartidista.