Los populares animan a los socialistas a unirse a su acuerdo con IU en Caja Madrid
MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular y el PSOE lograron hoy acuerdos en varias enmiendas de la reforma de la Ley de Cajas de la Comunidad Madrid durante el debate y votación del texto en la comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Asamblea, previos a la aprobación definitiva en la sesión plenaria que se celebrará este jueves y que, en principio, debe poner fin al serial de modificaciones legales iniciado a finales de 2008 por el Gobierno regional, en plena batalla por el poder en Caja Madrid.
Bajo la resaca del sorpresivo acuerdo alcanzado entre el PP de Madrid con Izquierda Unida, la sección de banca de Comisiones Obreras, Comfia, y los impositores independientes, los populares consiguieron el respaldo del PSOE de 10 de sus enmiendas sobre un texto que el PSOE quería impugnar en nueve puntos con otras tantas enmiendas.
Durante todo el debate volaron las directas e indirectas sobre esta cuestión entre ambas bancadas, con el objetivo de unir a los socialistas a este acuerdo que, de momento, margina a PSOE, UGT y Comisiones Obreras de Madrid y asegura a Esperanza Aguirre los mandos de Caja Madrid para los próximos seis años, lo que hace prever que se seguirá negociando hasta el último minuto del jueves por la tarde.
El portavoz socialista, Adolfo Piñedo, tildó de "técnicos" los cambios aceptados por su grupo, mientras el portavoz popular, Pedro Muñoz Abrines, subrayó que todas las modificaciones pretenden adaptar la normativa por la que se rige Caja Madrid a la legislación estatal y sortear los obstáculos planteados por el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central.
"El PSOE debería haber dado el primer paso para reconocer el texto y luego apoyar el proyecto de Ley, pero su planteamiento es que lo arregle el PP y nosotros nos podemos de perfil, pero entonces no salen en la foto", advirtió, para a renglón seguido apuntar que está convencido de que "no hay impedimento real para que el PSOE, como en 2003, vuelva a quedar fuera".
A juicio de Piñedo, esta reforma es "el tercer parche" sobre la Ley de Cajas y aunque aceptó que esta última busca adaptarse en los puntos que citó la Abogacía del Estado, hizo valer sus enmiendas para "contrarrestar retrocesos democráticos" en esta ley que regirá la vida de la cuarta entidad financiera del país. "A mi grupo le gustaría un consenso entre todas las fuerzas políticas sobre la ley y que las enmiendas pudieran ser negociadas. El tema de Caja Madrid debería estar fuera del debate entre partidos e intrapartidos. Deberíamos ser suficientemente sabios como para dejar la caja fuera del debate. La gestión debe ser profesional", consideró.
En este sentido, reclamó que la Ley busque objetivos compartidos por todos los grupos, como por ejemplo "normalizar el crédito a las familias y las empresas, y no sólo al Real Madrid", contribuir a la reestructuración del sistema financiero y garantizar la solvencia del mismo.
HABRÁ 17 CIRCUNSCRIPCIONES
Precisamente por el miedo al recurso en el Constitucional, que mantiene suspendida la Ley de cajas autonómica, el PP no se plegó a las peticiones de la oposición respecto a la necesidad de reducir a dos el número de circunscripciones por las que se puedan elegir a los impositores (clientes), ante la evidencia de que un informe del Tesoro apunta que dividir el territorio en la comunidad origen de la entidad y el resto de España, no cumple el espíritu de la ley estatal.
"En el PP estamos convencidos y en principio nos gusta más la idea de dos circunscripciones para el sistema de elección de impositores, por ser más práctico y más realista, pero venimos de un recurso inconstitucionalidad en el que se planteaba un informe del Tesoro que indicaba que dos circunscripciones rompe el principio de proporcionalidad de la LORCA", recordó Muñoz Abrines.
"No lo compartimos pero parece que el Gobierno aplica ese criterio y no vamos a arriesgarnos", añadió, al tiempo que apuntó que dado que faltan tres años para la renovación de los representantes de los clientes en la asamblea, "hay tiempo para analizar si es posible introducir las dos circunscripciones". No cambiarán este punto, dijo, mientras no haya "certeza" de que el Gobierno no va a interponer ningún proceso de inconstitucionalidad sobre este punto. "Tenemos tres años por delante, compartimos la filosofía pero tenemos el resquemor", agregó.
Entre los cambios votados conjuntamente entre PP y PSOE, destaca el reparto de los consejeros cedidos por la Casa Real, entidad fundadora de Caja Madrid. La enmienda de los populares establece que éstos se repartirán entre los sectores de entidades representativas, empleados y Asamblea de Madrid, quedando al margen los ayuntamientos y los impositores. De este modo, el 28 por ciento de los consejeros (90) serán elegidos por los clientes, el 25 por ciento de los consejeros generales (80) serán elegidos por el sector de las corporaciones municipales en cuyo término municipal tenga abierta al público oficina comercial la caja, el 19,25 por ciento (61) serán designados por el sector de la sociedad civil (cámara de comercio, universidades,...), el 16,5 por ciento por el Parlamento Regional (53) y el 11,15 por ciento (36) por los empleados de la caja.
Asimismo, el PP aceptó una enmienda transaccional de Izquierda Unida que introduce una garantía para que los actuales miembros de la comisión de control de la entidad también puedan repetir en sus cargos superados los dos primeros mandatos (12 años), como es el caso de los miembros del consejo de administración. El PSOE optó por abstenerse en la votación para que los consejeros de ambos órganos "que ostentaran el cargo a la entrada en vigor de la Ley 4/2003 (...) puedan permanecer en el cargo durante tal mandato y uno más, siempre que sean elegidos para ello por la representación que ostenten".
Con esta redacción --que habla de "representación" y no de "sector"-- se esquiva a la vez el debate suscitado respecto a la posibilidad del actual presidente de la caja, Miguel Blesa, de ser reelegido por un nuevo mandato por la Asamblea de Madrid, sector por el que llegó a la dirección cuando Alberto Ruiz Gallardón era presidente regional.
La oposición criticó además la redacción actual de la Ley por la que el consejero de Economía designará más de la mitad de los miembros elegidos por las entidades representativas, un sistema "discrecional y arbitrario", según Piñedo, al tiempo que llamó respecto a que se da el 13 por ciento de los representantes a la Cámara de Comercio, sin compensar a los sindicatos, y se incorporan las universidad privadas, sin establecer un criterio en función del número de alumnos matriculados.
El portavoz de IU, Miguel Reneses, abogó por que sea el consejo de administración quien elija a esos representantes, para después ser aprobados por la Consejería y, por tanto, no se elijan de manera directa desde el gobierno regional.
Asimismo, PSOE e IU arremetieron contra la reforma que establece que es suficiente una mayoría simple para habilitar competencias ejecutivas al presidente de la entidad, y abogaron por incrementar ese respaldo en aras de darle mayor legitimidad a sus decisiones. Se trata de "forzar el consenso y la profesionalidad del gestor al frente de Caja Madrid como ha ocurrido durante décadas, que necesitaba dos tercios", recalcó Piñedo.
Por otra parte, el PP intentó disipar las dudas de IU sobre la aplicación retroactiva de la Ley sobre el proceso de renovación de cargos ya en curso en Caja Madrid. "La renovación se aplica sólo a procesos que no han culminado, y por lo tanto las entidades representativas va a haber cambio. Ningún temor al respecto", dijo Muñoz Abrines.
