MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, aseguró hoy que la ruptura del acuerdo por parte de algunas administraciones en el asunto de la Cañada Real responde al hecho de que "algunos" se niegan a recibir a los vecinos afectados por la actual situación, todo ello después de que ayer los ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada mostraran su rechazo al texto modificado por el Gobierno regional al creer que acaba con el consenso alcanzado en julio.
Pérez señaló en una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la primera después del parón vacacional, que espera que la ruptura anunciada por los tres ayuntamientos sea reconsiderada para añadir, a renglón seguido, que esa disconformidad puede venir por el hecho de que "algunos" se nieguen a escuchar y recibir a los afectados, algo que, como recordó el 'popular', sí ha hecho la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre. El PP, añadió, defiende "una solución consensuada, que incluye también a los vecinos".
Tanto el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, como su delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, han explicado en varias ocasiones que el Ayuntamiento no recibiría a los representantes de la Asociación de Vecinos del Sector IV de la Cañada Real hasta que no formen parte de una entidad reconocida por la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) porque, de lo contrario, el Consistorio mantendría reuniones de forma discrecional con personas que, a título individual, defienden una causa pero que no representan al conjunto de la ciudadanía afectada.
PLAZO DE DOS AÑOS
David Pérez también se refirió a las críticas de los ayuntamientos en relación al plazo de dos años para poder vender el suelo. En este sentido afirmó que este periodo de tiempo "ya era conocido y estaba acordado", por lo que consideró que no es "razonable" que los consistorios apelen a esta cuestión para acabar con el consenso alcanzado este verano. "Si no ponemos plazos no se podrá resolver el problema", sentenció.
Asimismo, el diputado autonómico defendió que la iniciativa del Ejecutivo de Aguirre para tratar de solventar el problema de la Cañada Real ha sido como poner "el cascabel al gato" y "lo que nunca, en décadas, se ha atrevido nadie a hacer", abordando una cuestión tan compleja como ésta desde el punto de vista social, ambiental, de seguridad y urbanístico.
