MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
Profesionales por la Ética ha remitido un requerimiento a la Comunidad de Madrid en el que solicita que inspeccione todos los centros públicos para que "no se adoctrine" en ellos y para que cumplan escrupulosamente la legalidad vigente en materia de "neutralidad ideológica", tras la sentencia conocida este verano sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía (Epc).
El colectivo señaló que "inexplicablemente" la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no ha remitido ninguna circular que recuerde a los centros estatales las obligaciones que se derivan de las sentencias del Supremo, "aunque se dio mucha prisa en mandar una carta ordenando la entrada en clase de los objetores a EpC".
Del mismo modo, criticó que ha provocado "confusión" en los padres la "utilización política" por la propia Comunidad de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) conocida el pasado 4 de agosto, "en que se declara que el currículo de Madrid es, en esencia, el mismo que el del Gobierno central".
Por este motivo, recién iniciado el curso 2009-2010, también pide al Gobierno regional que "actúe debidamente" contra los responsables de actividades que vulneren la obligación de no adoctrinar, "aplicando si fuera necesario la sanción correspondientes".
El presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, confía en que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, "antes tan beligerante contra Educación para la Ciudadanía, atienda el requerimiento que se le hace en nombre de los padres madrileños".
LAS SENTENCIAS
El pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo dictaba varias sentencias en relación con esta materias escolar. En ellas, además de no reconocer el derecho de los padres a objetar, se detalla la obligación de las Administraciones educativas de velar por el cumplimiento de la neutralidad ideológica en los centros estatales.
"Las sentencias exigen, además, que los centros educativos o sus profesores a través del proyecto educativo, los textos y explicaciones, eviten adoctrinar a los alumnos", reiteraron desde Profesionales por la Ética.
Según explicaron, la primera comunidad Autónoma que tomó nota de las sentencias del Supremo fue la de Andalucía. Con fecha 9 de marzo, el Jefe del Servicio de Inspección de la Consejería de Educación envío circular a todos los inspectores indicándoles que velen y supervisen por el correcto desarrollo de la asignatura.
"Es exigible a los libros de texto y demás materiales curriculares, a los proyectos educativos de los centros docentes y al profesorado la más exquisita objetividad y el más prudente distanciamiento al tratar cuestiones morales que en la sociedad española sean controvertidas, evitando caer en el adoctrinamiento al alumnado", indicó el colectivo.