MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Partido Socialista de Madrid (PSM) hará efectiva su denuncia contra el Ejecutivo autonómico por "no aplicar" la Ley de Dependencia en el ámbito regional "en los próximos días", anunció hoy su secretario general, Tomás Gómez, quien puntualizó que la "estrategia jurídica" será, por una parte, "de carácter patrimonial por parte de los afectados" y, por otra, "una acción colectiva con la creación de una asociación de damnificados".
Durante la presentación de la campaña 'Con Z de Zapatero' en el centro de Madrid, Gómez consideró "inadmisible para la sociedad madrileña que haya más de 23.000 familias que deberían estar percibiendo lo que les corresponde según la Ley de Dependencia, en algunos casos no sólo asistencia social o sanitaria, sino también una prestación económica, pero que no lo estén haciendo".
"La Ley de Dependencia les da, además de esas prestaciones sociales, el derecho a una pensión, que en la mayor parte de los casos es de 780 euros, que deberían haber recibido ya desde septiembre", reprochó Gómez, quien cifra en 23.000 las familias de la Comunidad de Madrid que tienen a su cargo algún dependiente de grado 3, "el máximo nivel", que se ven afectadas por la situación.
Por este motivo, el PSM decidió la semana pasada llevar a los tribunales a la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, y al Gobierno regional para "que se aplique con carácter inminente e inmediato la Ley de Dependencia". "En los próximos días iniciaremos un conjunto de acciones judiciales encaminadas a que las familias madrileñas perciban lo que les corresponde según la Ley promovida por el Gobierno de España", sentenció el socialista.
Así, dichas acciones serán, por una parte, "directa judicial de carácter patrimonial que tienen que ejercer los propios afectados, los ciudadanos que no están percibiendo aquello que les corresponde por Ley" y, por otra parte, "otras acciones judiciales de carácter colectivo que el PSM está estudiando en este momento", puntualizó Gómez.
"Nuestra estrategia jurídica va a ir encaminada en los dos sentidos. Por un lado creando una asociación de damnificados, formada por los presuntos perceptores de la ayuda económica y de las prestaciones sociales que le reconoce la Ley, y por otro con carácter individual apoyando a los afectados", concluyó.
