MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
El diputado socialista en la Asamblea de Madrid Antonio Fernández Gordillo ha calificado este domingo como un "escándalo mayúsculo" la autorización del Consejo de Gobierno para sacar un concurso público por el que la Comunidad de Madrid venderá las 32 promociones del Plan Vivienda Joven propiedad del IVIMA.
Gordillo ha explicado que al grupo inversor que se le adjudique, de los 12 que se han presentado al concurso, se hará con cerca de 3.000 viviendas por un total de unos 169 millones de euros. El responsable socialista ha incidido en que cada vivienda les saldría de media por unos 57.000 euros, mientras los jóvenes que viven en ellas pagarán el triple.
En este sentido, el parlamentario ha apuntado que si un joven vive en el área metropolitana tendrá que pagar como mínimo por esa vivienda 152.000 euros y si vive en la zona A (Madrid, Majadahonda, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas) el montante asciende a 187.000 euros.
"Nos parece que esto lo deberían de parar inmediatamente y ofrecer a los jóvenes la venta de esas viviendas en vez de hacer caja a través de ellos con un grupo inversor que se va a poner las botas a costa del patrimonio de todos los madrileños", ha concluido.
Como consecuencia, el diputado ha asegurado que su grupo parlamentario va a pedir la comparecencia del consejero, en una comparecencia extraordinaria en el Pleno de la Asamblea de Madrid, para que justifique esta operación.
LA COMUNIDAD: "LOS JÓVENES PAGARÁN LO MISMO"
Por su parte, el Gobierno regional ha alegado que los precios que pagarán los jóvenes a los que se refiere el diputado socialista son los máximos en cada caso, mientras que realizan los cálculos con el mínimo que se conseguirá en el concurso.
Fuentes de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda han explicado a Europa Press que el precio de salida del concurso, así como el valor de las viviendas en este momento, lo ha establecido la empresa Sociedad de Tasación.
Además, ha negado que sean 12 las empresas interesadas en el concurso, ya que el proceso aún no ha concluido, aunque ha revelado en que son más de una decena.
Los interesados están presentado ofertas técnicas para demostrar su solvencia, tras lo que tienen acceso a información de cada una de las viviendas y realizan "visitas físicas a las promociones para conocer el producto de primera mano". Además, añaden que "se han presentado más empresas de lo esperado, prácticamente todas con capital extranjero".
Las mismas fuentes regionales han recordado que la empresa que finalmente se haga con el concurso tendrá que respetar todas las condiciones contractuales, por lo que los jóvenes "pagarán el mismo alquiler y podrán negociar la opción a compra igual que lo habrían hecho con el IVIMA".
Además, ha señalado que las empresas concursantes asumen una serie de riesgos, al tener que hacer frente a gastos de mantenimiento de promociones, de zonas comunes, y montar un equipo de comercialización si finalmente se hacen con la adjudicación.
El concurso público, que se inició el pasado 7 de junio, se adjudicará durante la primera quincena del mes de agosto, si se cumplen los plazos previstos.