PSOE cree que retirar los recursos contra la Comunidad supone actuar "contra los derechos de los vecinos"

ALCORCÓN 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alcorcón ha criticado este miércoles la decisión del Gobierno municipal de retirar los recursos contencioso-administrativos interpuestos por el anterior Ejecutivo contra la Comunidad de Madrid en relación a los proyectos de Retamar de la Huerta y la calle Jabonería, ya que entiende que esta medida supone actuar "en contra de los derechos de los vecinos" de la ciudad.

La portavoz de la formación, Natalia de Andrés, ha recordado que el anterior Gobierno municipal de PSOE e IU interpuso estos recursos "porque se estaban vulnerando los derechos y autonomía municipales por parte de la Comunidad de Madrid", por lo que la decisión adoptada por el actual Ejecutivo de retirarlos es valorado por los socialistas de la ciudad como una muestra de sumisión por parte de David Pérez a Esperanza Aguirre".

De Andrés ha señalado que el regidor "hace clara dejación de la defensa de los intereses de los ciudadanos y se pone bajo la batuta de la Comunidad de Madrid", por lo que entiende que "a partir de ahora será el Gobierno regional quien dirija el urbanismo en esta ciudad", toda vez que "los informes jurídicos claramente planteaban una injerencia regional en las decisiones que debe tomar el Consistorio".

En opinión de la edil socialista, la medida pone en peligro "tanto la vivienda pública en Retamar de la Huerta como los proyectos previstos en Jabonería", con la construcción en este último enclave de una plaza pública, un aparcamiento subterráneo y una escuela infantil.

En relación a Retamar de la Huerta, De Andrés ha recordado que la Comunidad de Madrid "imposibilitaba" este desarrollo argumentando "pese a no tener competencias" que la vivienda planificada "debía adaptarse a la tipología circundante, que se trata de chalés".

Asimismo, ha indicado que la anulación del recurso de Jabonería, un proyecto "aprobado en Pleno por silencio administrativo por parte de la Comunidad de Madrid", supone que el Ayuntamiento "actúa en contra de sus propios actos"."Si este desarrollo se hubiera realizado en tiempo y forma, se habrían generado 11 millones de euros de plusvalías, que estaban destinados a financiar el Centro Unificado de Seguridad", ha agregado.

De Andrés ha señalado que ambos proyectos "son ejemplos claros de la paralización de Aguirre al desarrollo de Alcorcón" y ha mostrado su preocupación por si dicha decisión puede traer "consecuencias graves" a la ciudad, ya que "podría ser preciso una declaración de lesividad de ambos acuerdos, porque puede haber dañado a los derechos que ambos proyectos generaban a terceros".