El PSOE exige la rescisión del contrato con la auditoria KPMG por no detectar las irregularidades del 'caso Barbadillo'

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Óscar Iglesias, exigió hoy en el consejo de administración de la empresa pública Espacios y Congresos la rescisión del contrato con la auditoria KPMG porque no detectó en su momento las irregularidades del ex consejero delegado de Campo de las Naciones (ahora Madrid Espacios y Congresos), Jorge Barbadillo.

El Tribunal de Cuentas condenó al ex consejero delegado de la empresa pública a devolver 104.280 euros por irregularidades y gastos que no podían atribuirse a su trabajo. Barbadillos desempeñó el puesto con José María Álvarez del Manzano como alcalde de Madrid.

El equipo de Gallardón, cuando desembarcó en la Alcaldía, llevó el asunto al Tribunal de Cuentas. Ahora, cinco años después de destaparse el 'caso Barbadillo', la sentencia, conocida el pasado mes de agosto, condena al ex consejero a devolver a la empresa pública 104.280 euros. El Ayuntamiento de Madrid le reclamó en su denuncia más de 443.200 euros por gastos que se realizaron sin aportar la factura con las dos tarjetas personales que tenía y por partidas adjudicadas a viajes por todo el mundo.

Para Iglesias es "injustificable" que se siga pagando a la auditora KPMG cuando "no ofrece las mínimas garantías de solvencia profesional si se tiene en cuenta que en su momento no detectó ninguna irregularidad en la gestión de Jorge Barbadillo al frente de la empresa pública Campo de las Naciones".

Para el concejal socialista, "no es fiable una consultora incapaz de poner de manifiesto una situación tan grave como la protagonizada por Barbadillo, que ha sido condenado por el Tribunal de Cuentas ha devolver nada menos que 104.000 euros a Espacios y Congresos, a sumar a los 35.000 que se vio obligado a reintegrar al dejar su puesto en Campo de las Naciones".

La sentencia, que no es firme, estima parcialmente los argumentos del Consistorio. La investigación del Tribunal de Cuentas se remonta al espacio de tiempo comprendido entre julio de 1999 a mayo de 2003, cuando fue cesado de su puesto. Junto a ella se encuentra la querella criminal interpuesta por el PSOE, admitida por la Audiencia Provincial y cuyo juicio podría celebrarse antes de final de año.