PSOE e IU critican que Ayuntamiento de Brunete no revise dos presuntos casos de corrupción urbanística

Actualizado: miércoles, 2 julio 2008 15:15

IU propone que se "intervengan las competencias urbanísticas del Ayuntamiento de Brunete"

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Grupos Parlamentarios de IU y PSOE de la Asamblea de Madrid criticaron hoy que el Ayuntamiento de Brunete (PP) no revise la situación de dos presuntos casos de corrupción urbanística en la localidad referidos a un supuesto cambio ilegal de los usos dotacionales de diversas parcelas del municipio, a pesar de que la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid en diciembre de 2007 elaborara un informe en el que requería al Consistorio la revisión y, en un caso, la anulación de estos proyectos en el plazo de un mes.

El diputado regional socialista Enrique Echegoyen; el diputado de IU, Gregorio Gordo; el abogado de los vecinos de la comunidad Valle de Los Rosales, Francisco Fernández Castán, y los representantes de PSOE e IU en la localidad explicaron que los vecinos del Valle de Los Rosales presentaron denuncias contra el Ayuntamiento de la localidad por la creación de unos apartamentos en un suelo destinado en origen a "aprovechamientos deportivos y centros cívicos", de unos lofts en unas parcelas destinadas a uso "cívico comercial" y de una residencia de ancianos privada en una parcela destinada a la construcción de "viviendas familiares".

Fernández Castán apuntó que se presentaron las denuncias ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles y ante la Fiscalía de Medio Ambiente, y añadió que la Comunidad de Madrid presentó un requerimiento en diciembre de 2007 respecto al caso de las licencias presuntamente ilegales de los apartamentos de la calle Orquídeas y de los lofts de la calle Raya del Palancar.

En el primero de los casos, la Comunidad reclamó al Consistorio (el 20 de diciembre de 2007) "la revisión de las licencias de construcción y primera ocupación" de los apartamentos "en el plazo de un mes", y en el segundo (21 de diciembre de 2007), la "suspensión de los efectos y la revisión y anulación de las licencias otorgadas" para la rehabilitación del edificio y la construcción de 19 despachos profesionales y 33 plazas de aparcamiento también "en el plazo de un mes".

Así, Fernández Castán reclamó la citación "como imputados" del alcalde de Brunete, Félix Gavilanes, del arquitecto municipal, así como de las personas implicadas en el caso y denunció una actuación "reiterada, constante y sistemática" de estas características por parte del Ayuntamiento en esta materia.

El diputado regional de IU Gregorio Gordo resaltó los "visos claros de la ilegalidad" de las licencias concedidas, que han llevado a "una grave infracción urbanística más del Ayuntamiento", por lo que propuso que el Gobierno regional "intervenga las competencias urbanísticas del Ayuntamiento de Brunete".

Por su parte, el diputado socialista Enrique Echegoyen no compartió esta apreciación de Gordo, ya que consideró que la actual legislación permite que la ley se imponga. No obstante, sí acusó al alcalde de Brunete y al equipo de Gobierno de adoptar una posición contraria a la normativa y a la legislación de la Comunidad, y al Ejecutivo autonómico, porque considera que "tiene que actuar", ya que dio un plazo de un mes para que el Consistorio revisara y anulara las licencias y ya han pasado seis meses.

PETICIÓN DE DIMISIÓN

El portavoz del PSOE en la localidad, Fernando Corvo, aseguró que se trata de "una más de las múltiples irregularidades urbanísticas" llevadas a cabo durante la Tramitación del Plan de Ordenación Urbana (PGOU) de Brunete, y resaltó la necesidad de que el Consistorio "acate la resolución de la Comunidad de Madrid".

Mientras, el coordinador general de IU en Brunete, Álvaro Aguilera, criticó la "doble moral" del equipo de Gobierno local en materia de Urbanismo, ya que "se declara en rebeldía contra la normativa legal urbanística de la Comunidad", y avanzó que su grupo municipal pedirá en el Pleno de mañana la dimisión del alcalde y del equipo de Gobierno porque "no se puede primar los intereses de los grupos de poder del pueblo frente a los de la ciudadanía".