Archivo - Puerta de entrada de la Sede General de los Juzgados en Plaza de Castilla, 1, a 13 de enero de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia supondrá un ahorro de 47 millones de euros para la Comunidad de Madrid en los próximos 10 años, y cerca de 300 millones de euros en total para las 12 comunidades autónomas que tienen transferida la competencia en esta materia, según ha detallado este viernes la Delegación del Gobierno de España en Madrid.
Su implantación, en cambio, solo requerirá en este momento una inversión de alrededor de 2,4 millones de euros por parte de la región, ya que no será necesario construir nuevas sedes judiciales, sino solo adecuar las existentes a la nueva estructura prevista en la norma.
Así se desprende de un análisis que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha realizado para presentar hoy en la Conferencia Sectorial celebrada en Barcelona, centrada en el proceso de la reforma de la Justicia.
Finalmente, el Pleno no ha podido celebrarse por no haber alcanzado el quorum de asistentes, tras el abandono de los gobiernos presididos por el Partido Popular, entre ellos el madrileño, "que no han podido escuchar las cifras que afectan a sus territorios ni compartir sus esfuerzos para la implementación de la nueva ley o escuchar al resto de comunidades autónomas".
No obstante, el ministerio y los consejeros de País Vasco, Cataluña, Canarias, Navarra y Asturias han mantenido la reunión en los términos previstos "y continuar así trabajando en la mejora del Servicio Público de Justicia".
EL CÁLCULO DEL AHORRO
El estudio realizado por el ministerio detalla que, en la Comunidad de Madrid el ahorro previsto gracias a la Ley de Eficiencia superará los 47 millones de euros en 10 años. El cálculo se ha realizado teniendo en cuenta cuántos órganos judiciales se crean cada año de media y el hecho de que, hasta ahora, esto suponía la creación de un juzgado y toda su estructura (inmuebles, personal, etc), con un coste de 400.000 euros.
Con la nueva ley, en cambio, el coste de crear una nueva plaza de juez será de 86.000 euros, ya que dejará de estar vinculada a la implantación de un nuevo juzgado, han señalado desde el Gobierno.
MÁS DE 50 MILLONES INVERTIDOS EN LA REGIÓN
La inversión que el ministerio ya ha realizado en la Comunidad de Madrid para adaptar sus estructuras a la Ley de Eficiencia, que asciende también a 50 millones de euros --procedentes en su mayoría de fondos europeos--, "una cifra histórica para modernizar este servicio público y avanzar en la implantación del nuevo modelo organizativo".
Por otra parte, se requiere un esfuerzo por parte de las CCAA con competencias transferidas para culminar la adopción del nuevo modelo de Oficina Judicial, clave para la nueva organización prevista en la ley. Aunque su creación está prevista desde hace 20 años, su implantación es muy desigual en el territorio. En el caso de Madrid, es del 0%, denuncian desde el Ejecutivo central.