ALCORCÓN, 31 May. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Alcorcón dará un uso diferente a la residencia de discapacitados Francisco Sánchez de la localidad si la Comunidad de Madrid no la pone en macha de forma definitiva en los próximos cuatro meses.
Así lo anunció hoy el alcalde de la ciudad, Enrique Cascallana, después de que el Gobierno municipal haya recibido un borrador del convenio necesario para su funcionamiento que es "un insulto para los discapacitados de esta ciudad", según indicó el regidor, ya que "sólo habla de los afectados graves sin establecer a cuántos financiará, sin comprometer el mobiliario y sin detallar si los vecinos de Alcorcón tendrán preferencia" para acceder a las plazas.
En opinión del alcalde, el borrador recibido por el Ayuntamiento es "una provocación más de la presidenta" regional, Esperanza Aguirre, por lo que será rechazado por el Pleno esta tarde en su sesión correspondiente al mes de mayo.
Ante esta situación, el Ejecutivo municipal dará "un plazo de cuatro meses" al Gobierno autonómico para alcanzar "una solución" definitiva a la puesta en marcha de este equipamiento. "Nosotros tenemos la obligación de darle un uso a este edificio y se lo daremos", apostilló Cascallana, quien explicó que "buscaremos la fórmula para darle un fin social" sin que ello implique "gasto corriente", por lo que se estudiará su cesión "a alguna Fundación u Organización No Gubernamental", concluyó.
EL PROYECTO
El Gobierno regional incluyó este proyecto en el Plan Regional de Inversiones (PRISMA) 2005-2007, mediante un convenio por el cual la Comunidad de Madrid se comprometía a financiar el 51,47 por ciento del coste, presupuestado entonces en 4,6 millones de euros.
El proyecto se inició en 1999, si bien en 2004 el Ayuntamiento tuvo que hacerse cargo de las obras después de que la Comunidad de Madrid realizara la concesión a la Fundación Ande de un proyecto "que se vino abajo" y que hubo que rehacer, lo que supuso que el presupuesto inicial ascendiera finalmente hasta los casi 13 millones.
El modificado del proyecto, según subrayó Cascallana, se remitió a la Comunidad para su aprobación en agosto de 2006. En diciembre de 2008 el Ayuntamiento reclamó nuevamente el abono de las cantidades incluidas en el Plan Prisma y comunicó al Ejecutivo regional que el incremento en el presupuesto del proyecto correría a cargo de las arcas municipales.
El pasado mes de abril, el Pleno de la Corporación aprobó, con el apoyo de todos los grupos políticos, la propuesta del Consejo de Bienestar Social para instar a la Comunidad de Madrid a que ponga en funcionamiento de manera inmediata el nuevo centro.
