La retirada del recurso del Ayuntamiento no resolverá el atolladero judicial de Caja Madrid

La retirada del recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid en el asunto de Caja Madrid no resolverá inmediatamente el atolladero judicial en el que se encuentra el proceso electoral, ahora suspendido de manera cautelar por la jueza del Tribunal de Instrucción número 60, Inmaculada Vacas, según diversas fuentes jurídicas y políticas consultadas por Europa Press.

En primer lugar, porque el Consistorio tiene que aprobar la decisión en Junta de Gobierno, y en segundo lugar, porque aún se mantiene el recurso del Ayuntamiento de Barcelona que ha recaído en la jueza del Tribunal número 51, así como el de Comisiones Obreras (pendiente de admisión a trámite). Todos ellos reclaman la anulación del acuerdo del 2 de octubre de la comisión de control de Caja Madrid por el cual se repartieron los 64 consejeros cedidos por la Casa Real, por considerarse damnificados en el número que les corresponden en función de la ley de Cajas de 2003 y la voluntad expresada por el Patronato Real de que se repartieran sus puestos de manera proporcional.

Y es que el galimatías legal en el que se encuentra actualmente la entidad no termina con la voluntad expresada ayer por el Ayuntamiento de Madrid de retirar su recurso si se lo solicitan en aras de favorecer la elección de Rodrigo Rato como presidente de la entidad. Según se hable con alguno de los implicados o con los otros, los visos de resolución judicial son diferentes.

Así, Ayuntamiento y Comisiones Obreras apuntan que la única manera de desbloquear el proceso es que la comisión de control, presidida en la actualidad por el aguirrista Pablo Abejas, enmiende el reparto recurrido y realice uno nuevo en función de la Ley de 2003 que incluía a las corporaciones locales y a los impositores como receptores de los puestos cedidos por la Casa Real.

Con esta decisión, se dejaría sin motivo el recurso de Madrid, Barcelona y el sindicato, y se presentaría un nuevo escenario que no cambiaría la mayoría popular de cara a la elección de Rodrigo Rato como presidente, pero terminaría con la vía judicial.

Sin embargo, para los aguirristas esta opción no es viable, puesto que no sería justificable jurídicamente la aplicación de la ley anterior habiendo una ley vigente que precisamente modifica este punto. A su juicio, ésta sería una nueva estrategia del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, para mantener viva la pelea por el poder dando apariencia de que acata las decisiones de Génova.

Además, a este asunto se suman las divergencias de opiniones y alegaciones presentadas ante la jueza Vacas por la comisión de control y la dirección de la entidad. Y es que la dirección reclamó ayer una vista pública donde participaran todas las partes recurrentes, pero no pidió el levantamiento de la suspensión cautelar del proceso, pese a que la comisión se lo había exigido días antes , al tiempo que le advertía que cualquier otra actitud sería una intromisión en sus competencias legales.

"Cualquier intervención del Presidente, del Consejo de Administración o de cualquier otro órgano ejecutivo de la entidad en la tramitación de las reclamaciones, judiciales o no, presentadas contra las decisiones de la Comisión Electoral, contrarias a las instrucciones que puedan dictarse al respecto por la Comisión, constituye una flagrante injerencia en las funciones independientes y soberanas que legal y estatutariamente se atribuyen a la Comisión de Control como Comisión Electoral", advertía el escrito remitido a la dirección.

Con esta situación, los 'aguirristas' creen que el actual presidente, Miguel Blesa, intenta prolongar el proceso electoral, mientras que los 'gallardonistas' aseguran que Blesa está dispuesto a colaborar en todo en el proceso de traspaso de poder con Rodrigo Rato.

"NO HAY MOTIVOS PARA LEVANTAR RECURSO"

Para el secretario general de Comisiones Obreras de Madrid, Javier López, aunque es positivo que el PP logre un acuerdo sobre Rato, "no hay motivo" para levantar su recurso, puesto que éste abarcaba la asignación de la representación dentro de la entidad y no la elección del presidente. A su juicio, la única solución es que la dirección del PP "complete" los pasos dados asignando "correctamente" la representación en la caja, de acuerdo con "lo que eran expresos deseos del Rey y la Casa Real como entidad fundadora".

En cualquier de los casos, según fuentes jurídicas, la jueza del 60 no tomará ninguna decisión hasta que termine el plazo de alegaciones y reclamaciones que, de manera escalonada, se han ido interponiendo a medida que los recurrentes y partes implicadas se personaban en el asunto, lo que en el mejor de los escenarios nos situaría a primeros de diciembre.

Por otra parte, su homóloga del tribunal número 51, Almudena Maricalva, debe decidir también si traspasa la cuestión planteada por el Ayuntamiento de Barcelona a su colega del 60, o si por el contrario analiza la cuestión legal de fondo. Por el momento, la jueza ha admitido a trámite el recurso presentado por el Ayuntamiento de Barcelona, pero ha rechazado su petición de elevar una cuestión de inconstitucionalidad sobre el asunto.