Sindicatos, asociaciones y partidos reclaman acabar con el "asesino silencioso" del amianto en los centros escolares

Unidas Podemos, Más Madrid y PSOE llevan el jueves una PNL a la Asamblea para exigir a la Comunidad un plan de "erradicación" en colegios

Sindicatos, asociaciones y partidos reclaman acabar con el "asesino silencioso" del amianto en los centros escolares
Sindicatos, asociaciones y partidos reclaman acabar con el "asesino silencioso" del amianto en los centros escolares - EUROPA PRESS
Europa Press Madrid
Actualizado: miércoles, 9 marzo 2022 12:22

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de partidos políticos, sindicatos y asociaciones han reclamado este miércoles a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital la "erradicación" del amianto de los centros escolares de la región de manera inmediata, así como un informe sobre los colegios afectados por este "asesino silencioso".

Para ello se han desplazado Colegio Público Ciudad de Pegaso, en el madrileño barrio de Rejas del distrito de San Blás, al ser uno de los centros más afectados por esta problemática, con más de 3.200 metros cuadrados afectados por el amianto o asbesto, junto al Meseta de Orcasitas, en Usera, con más de 2.000 metros construidos con uralita.

Durante una atención a los medios a las puertas del colegio, representantes de Más Madrid, Unidas Podemos y PSOE han explicado las líneas de una Proposición No de Ley (PNL) que el jueves se debatirá en el Pleno de la Asamblea de Madrid para pedir la retirada inmediata de este material de los colegios y edificios de la región, un compromiso que la Comunidad de Madrid adquirió en 2018 sin que de momento se haya llevado a la práctica.

En concreto, en la PNL se instará a la Comunidad a elaborar en el menor plazo de tiempo posible el Plan Director para la Eliminación del Amianto en la Comunidad de Madrid aprobada por la Asamblea de Madrid el 3 de diciembre de 2020, para lo que se establecía un plazo de un año aunque transcurrido ese tiempo todavía no se ha visto materializado.

Igualmente, se reclama la realización "con carácter de urgencia" de un inventario de los centros educativos afectados por amianto en la Comunidad. "Nos gustaría poner un número a esos colegios pero la realidad es que la Comunidad de Madrid no sabe cuántos centros tienen amianto", ha lamentado María Pastor, diputada de Más Madrid.

Esta formación realizó el único mapa de centros escolares afectados por amianto que se ha conocido con información recabada en las Juntas de Distrito y que incluyó 56 centros escolares repartidos en 17 distritos de la capital.

UN INVENTARIO DE CENTROS ESCOLARES

"Desde hace años llevamos pidiendo a la Comunidad información y que haga un inventario para saber exactamente dónde está la uralita en los centros educativos y qué centros educativos cuentan con este asesino silencioso y qué actuaciones va a poner en marcha para quitarlo. Por desgracia, lo que nos responde la Comunidad de Madrid es el silencio", ha lamentado Pastor.

"Nos tememos muchísimo que en los próximos años la Comunidad de Madrid va a hacer dejación de funciones y dejar de hacer lo que tiene que hacer, que es investigar cuál es la realidad de los centros educativos y poner todas las medidas", ha lamentado.

También se solicita el desarrollo de un Plan de Desamiantado para proceder a la retirada segura del amianto de las instalaciones escolares afectadas "en un plazo no superior a dos años".

Para Cristina González, del Grupo Parlamentario Socialista, se trata de un "peligro" para la "vida de los niños, que son los más sensibles" en este tema, pero también para los trabajadores y todas las personas que pueden estar en contacto con él en los centros escolares. "Creemos que la única forma de que se pueda poner fin a un problema es sacando ese problema a la luz y es lo que estamos intentando hacer", ha explicado.

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

Las formaciones de la oposición en la Cámara autonómica también piden incluir las obras y reformas correspondientes a estas actuaciones de retirada del amianto en la Estrategia de Reconstrucción y Resiliencia de la Comunidad de Madrid para su financiación europea con los fondos Next Generation UE.

De forma paralela, se exige incluir en todo caso las partidas presupuestarias suficientes en las cuentas autonómicas para la realización de estas actuaciones, con la creación de una mesa de seguimiento de los grupos parlamentarios para monitorizar el desarrollo del Plan Director y el Plan de Desamiantado de centros educativos.

En este sentido, la coportavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, ha subrayado que cuando se trata de un tema de salud no se pueden "anteponer argumentos de costes o gastos económicos por muy altos que sean".

"Estamos hablando de salud y estamos hablando de la salud de nuestros hijos. Es una cuestión de prioridades. La Comunidad de Madrid si que encuentra el dinero para adjudicar contratos millonarios por ejemplo para el entorno de la presidente y sin embargo parece que no encuentra el dinero para desamiantar los colegios. Creo que eso es una indecencia", ha explicado.

EL SILENCIO DE LA ADMINISTRACIÓN

Patricia Maestro, portavoz de la Plataforma Fuera Amianto y portavoz del AMPA del Colegio Ciudad de Pegaso, ha denunciado el silencio de la administración en este sentido, con un informe remitido por la Comunidad de Madrid al Defensor del Pueblo después de que inspectores revisaran el centro "que el riesgo es bajo, el material no es friable, es decir, que no se desmenuza al contacto y que su vida útil todavía se mantiene".

"En los mejores informes sobre la presencia de uralita y amianto establecen que su vida máxima, en el mayor de los casos, es de 50 años, y este colegio lleva 62 años construido", ha denunciado esta madre que ha puesto el acento en que en este colegio están expuestos 474 niños.

"Como madre, consideramos que es inaceptable que una institución declare que hay riesgo bajo para miles de niños. Lo que deberían de declarar es que hay riesgo nulo, no bajo. Que haya un riesgo bajo es inaceptable porque ya consideran que hay riesgo. En el caso de mis hijas, yo no quiero que se expongan a un riesgo bajo, quiero que se expongan a un riesgo nulo", ha denunciado.

En este centro escolar, el único recurso educativo en la conocida popularmente como 'isla de Rejas' de San Blas por su situación geográfica de aislamiento, se llevaron a cabo hace 18 años unos encapsulamientos de uralita, "que no cerramiento total", pero se siguen produciendo filtraciones de agua en días de lluvia o sobre todo con el paso de 'Filomena' que siguen exponiendo a los escolares a la inhalación de amianto.

Las centros escolares afectados son de los años 60 y 70 en la periferia de Madrid y utilizaron uralita --el nombre de la empresa fabricante y que es como se conoce este mineral en España--, porque era más barata. En los primeros años este material no es peligroso si no se manipula pero cuando finaliza su vida útil, en la fase de descomposición, transcurridos entre 30 y 35 años, las partículas que empieza a liberar pueden ser cancerígenas al ser inhaladas por alumnos y personal que trabaja en los centros.

En este sentido, el amianto puede ser el origen de enfermedades muy graves como el mesotelioma o cáncer vinculado al asbesto, que no tiene cura, o el cáncer de pulmón. En los colegios madrileños con amianto es frecuente encontrarlo en las cubiertas de fibrocemento y de bajantes y tuberías, vistas o no, así como en paneles de cerramiento.

El problema reside, por un lado, en la cantidad de horas semanales que pasan los menores en este tipo de instalaciones (unas 40 horas) y, por otro, en el hecho de que las enfermedades provocadas por el amianto se manifiestan a largo plazo. Por consiguiente, los niños tienen más tiempo para desarrollar dichas patologías.

PROHIBIDO DESDE 2002

En 2020, entidades como el Comité de Salud Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría (AEP) ya alertaron de la presencia de amianto en numerosos centros educativos de España, con más de un millón de niños expuestos.

En España se prohibió en 2002 la utilización del amianto y de los productos que lo contienen, pero no se eliminan los ya instalados o en servicio, que se estiman en 2,3 millones de toneladas, según cálculos de sindicatos y expertos.

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