Los padres "no están dispuestos" a que se metan a todos en un "mismo saco" y hablan de "autoridad académica"
MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
CC.OO. y UGT de Madrid exigieron hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la creación de un Observatorio de Violencia escolar que permita diagnosticar el fenómeno y poder valorar hasta qué punto es necesaria la futura Ley autonómica sobre la Autoridad Pública del profesor.
El secretario general de CC.OO. Educación de Madrid, Francisco García, explicó que es necesario conocer cuál es "la magnitud" del fenómeno, pero que no se puede saber porque la Comunidad es una de las pocas que no cuenta con un Observatorio como tal, similar al que existe a nivel estatal, y que permita saber si se mejora o se empeora cada año.
"Sabemos la del Estado porque hay un Observatorio por la Convivencia que hace informes cada año y, por lo tanto, sabemos cuál es la situación", indicó García, quien explicó que también se sabe en muchas comunidades cuántos casos de violencia hubo el año pasado y el anterior, "si ha ido a más o a menos".
Estos organismos permiten, a su juicio, "que no se esté hablando de oídas y que no se haga demagogia sobre este tema" pero en Madrid no se puede saber porque no existe este Organismo: "En la Comunidad no lo sabemos y Aguirre no lo quiere saber porque a lo mejor si lo sabemos ya no tiene cortina de humo para montar debates".
Por ello, exigen la puesta en marcha de este Observatorio de la Violencia escolar en la Comunidad de Madrid, independiente como el que existe en el Estado, "en el que participe toda la comunidad educativa, y nos permita diagnosticar este fenómeno porque no está diagnosticado".
En este sentido, arremetió contra la figura del Defensor del Profesor. "Si alguien cree que el Defensor del Profesor es un indicador fiel, pues lo niego", aseveró, en relación a este órgano creado por el sindicato ANPE (con cerca del 27 por ciento de representación) y que ofrece datos de agresiones sufridas por profesores.
Según García, este sindicato "nunca ha dicho que la mayor parte de las llamadas que recibe su defensor son quejas de la Administración y que las quejas que reciben de los profesores sobre la actitud de la administración por la que también se sienten violentados, no las hace públicas". García aseguró que estas quejas superan "por mucho" a las primeras y que, sin embargo, esto no se publica.
Por otro lado, señaló que no deja de ser "curioso" que este anuncio de la futura Ley coincida con que la Comunidad de Madrid "no está ateniendo" a los alumnos que piden Programas de Cualificación Profesional Inicial, cursos a los que acceden jóvenes de 17 años, que no van a titular porque ya han cumplido los años de escolarización.
García apuntó que este curso 1.500 alumnos se quedan sin poder acceder a estos programas porque se han reducido las plazas, y por tanto pierden la oportunidad de obtener la cualificación "para poder irse al mundo laboral". Con estos programas, se les permite, además, que sí hacen los dos años completos, se pueden titular por una vía diferente.
"Esos alumnos son los que tienen mas dificultades y, a veces, son los que generan más problemas en los centros, pero ahora volverán a las clases del profesor sin medios y sin recursos y se generarán más problemas porque podrían tener una salida y no la tienen", añadió.
El responsable de Educación en CC.OO., que reconoció por otro lado que es positivo que se reconozca la autoridad del profesor, no dejó de recordar que todo se mueve en "terreno resbaladizo" porque si bien se reconoce la autoridad pública y presunción de veracidad, ahora los docentes tienen más responsabilidad, y en el caso de que abusen de su autoridad, las consecuencias serán más graves.
MÁS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
La secretaria de Comunicación e Imagen de FETE UGT Madrid, Virgina Fernández, apuntó, por otro lado, que si bien el rango de autoridad no es nuevo para el profesor funcionario, en el caso de seguir adelante con esta normativa, ésta debería ir acompañada de medidas preventivas y correctoras dentro de la escuela.
"Hay que trabajar por la convivencia dentro de la escuela y no sólo sancionar las faltas", subrayó Fernández, quien insistió en que en la escuela "se tiene que aprender a convivir". Por ello, exigió, en nombre de los sindicatos y de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPA) Francisco Giner de los Ríos, un "debate abierto" en el que se pueda "desempolvar" la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la Convivencia educativa presentada hace dos años.
Esta ILP, de sindicatos y FAPA, fue rechazada en la Asamblea de Madrid porque implicaba un aumento de créditos en los presupuestos que el Gobierno regional no estaba dispuesto a asumir, y aunque sí que se abogaba por reconocer la autoridad del docente, se tocaban otras "soluciones integradas" como la sensibilización ciudadana, la protección a las víctimas de violencia y la formación especializada.
Así, los sindicatos están dispuestos a dialogar sobre esta Ley sobre otras medidas como la escolarización "equilibrada" del alumnado con necesidades de apoyo educativo. "Es fundamental, lo reivindicamos desde hace años y de este tema nunca se habla", señaló la portavoz de FETE UGT, quien, además, recordó la medida relacionada con el descenso de las ratios.
En esta iniciativa también se pide que estas ratios estén vinculadas al porcentaje de alumnos con necesidades educativas, que haya autonomía en los centros y dotación presupuestaria para darles más recursos, incluidos los humanos, sobre todo, en determinadas zonas. En este sentido, se apunta a un incremento de orientadores en los centros donde haya más alumnos con estas necesidades.
LOS PADRES NO QUIEREN "PODER REGRESIVO"
Por su parte, el presidente de la FAPA, José Luis Pazos, indicó que como Federación no admiten ningún tipo de violencia, y en este sentido, apuestan por la "tolerancia cero" pero que hay que pensar en "autoridad académica" y no un "poder represivo" al que los padres, según Pazos, dirán que "no".
Además, criticó a Aguirre por hablar de "respeto" a los profesores, cuando, según Pazos, hace un año, la presidenta en un pleno de la Asamblea vino a "insultar" a la figura de los funcionarios en la Comunidad de Madrid. "No se puede pedir respeto para ellos y ponerles verdes por otro lado", indicó.
En la misma dirección, acusó al Gobierno regional de "incoherencia" e "improvisación" porque, según Pazos, en estos tres días se ha ido cambiando el planteamiento: "Cuando Aguirre lo anunció dijo que era para todos los docentes, después al ver que podían pisar competencias estatales, recularon y, después, al ser criticados por no incluir a todos, dicen ahora que lo van a estudiar".
"No vamos a consentir que se siga criminalizando al alumnado y a los padres porque la generalización es mala", añadió Pazos, quien si bien reconoció que siempre hay casos aislados, "como en todas pares", "no se puede meter a todos los padres en el mismo saco". De ahí, la necesidad de un Observatorio con datos reales.
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