El PSM impulsará ante los tribunales la restitución de unos 1,9 millones de euros "malversados por los responsables de los hechos"
MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, afirmó que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, debería cesar hoy mismo en su cargo como "gesto de dignidad ética y política", tras conocerse que el informe caligráfico encargado por la jueza confirma que el funcionario regional José Manuel Pinto es el autor de las anotaciones manuscritas en los partes de seguimientos realizados en abril de 2008 al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y al ex consejero Alfredo Prada.
En este sentido, el PSM exige de inmediato el esclarecimiento de unos hechos de "extrema gravedad" que suponen "vulneración de derechos fundamentales y malversación de públicos".
A la espera de que en las próximas horas se dé traslado a las partes personadas, entre ellas el PSM, de la prueba caligráfica, los socialistas se reafirman en sus denuncias de la existencia de "una red de espionaje sustentada económicamente por fondos públicos".
Según afirmó Gómez, los datos conocidos sobre el informe caligráfico de Pinta "consolidan y confirman todas las sospechas" que viene denunciando en los últimos meses el PSM sobre algo "absolutamente grave" como que "en un gobierno democrático se estén produciendo hechos que constituyen un delito tan grave como el espionaje y la malversación de fondos".
Por ello, abogó por depurar "muchísimas responsabilidades". En primer lugar, el líder del PSM se preguntó quién va a devolver a los ciudadanos los 1,9 millones de euros "que como mínimo se ha gastado del erario público en realizar esas operaciones de espionaje".
Así, el PSM impulsará ante los tribunales la restitución al patrimonio público de aquellas cantidades malversadas por los responsables de los hechos hoy enjuiciados, cuya cuantificación estima en 1,9 millones de ?. "Corresponde al Consejero de Justicia e Interior pronunciarse sobre las afirmaciones realizadas incluso en sede parlamentaria, que a fecha de hoy han quedado notablemente en entredicho", plantean los socialistas.
A su juicio, la Comunidad de Madrid, gravemente afectada por casos de corrupción y espionaje, no puede enajenarse de unas responsabilidades que han situado a la institución autonómica en niveles insoportables de degradación política.
En base a estas informaciones, hay además "contradicciones claras" en lo que se ha dicho por parte de los responsables del Gobierno en sede parlamentaria. "Eso supone que hay motivo para pedir responsabilidades políticas, independiente de las responsabilidades jurídicas que también puede haber en el mismo sentido", añadió.
"Es inaceptable que los madrileños sigan pagando el sueldo a personas que no conocemos cuáles son sus tareas", dijo Gómez, para quien sin duda "esto no solo es un caso de corrupción económica, y política, sino que desprestigia y daña una institución que es de todos los madrileños como es la Comunidad de Madrid".
