Un total de 201.392 pisos alquilados en Madrid no se declaran a Hacienda

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Madrid es la segunda región del país que más defrauda a Hacienda en cuanto al alquiler de viviendas con 201.392 inmuebles que no se declaran, sólo superada por Cataluña con 299.065, según la II edición de Estudios sobre Evolución de los Alquileres Sumergidos en España, del colectivo de los Técnicos de Hacienda (Gestha).

Por contra, el informe, elaborado a partir del cruce de los datos relativos al periodo 2004-2006 del Ministerio de Vivienda y la declaración del IRPF, apunta que Cantabria y La Rioja con 6.427 y 1.701 viviendas respectivamente, son las Comunidades que menos defraudan, debido, en parte, al tamaño de las mismas.

Por otro lado, el fraude estimado de alquileres de viviendas aumentó en la Comunidad entre 2004 y 2006 en un 8,6 por ciento, seguido de Canarias, con un 5,05 por ciento y Andalucía con un 1,09 por ciento.

Algunas de las regiones en las que descendió fueron: La Rioja (-51,9 por ciento); Castilla-La Mancha (-27,9 por ciento); Aragón (-26,7 por ciento); Cantabria (-21,1 por ciento); Galicia (-12,5 por ciento); Castilla y León (-12,02 por ciento); y Murcia (-16,5 por ciento).

En cuanto al conjunto de España, Gestha destacó que, si bien las medidas adoptadas por el Ejecutivo contribuyeron a dinamizar "incipientemente" el mercado del alquiler, con un incremento de 118.045 declarantes en estos tres años, el 14,8 por ciento de la viviendas aún están vacías.

Además, el rendimiento medio por alquiler declarado creció por encima del número de declarantes, situándose en una media de 3.924 euros anuales, lo que supone un incremento del 4,7 por ciento, apenas unos 90 euros en todo el periodo.

Ante este panorama, Gestha abogó porque la Ley de Arrendamientos Urbanos recoja una delimitación legal de los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para el arrendador y el arrendatario.

Asimismo, el colectivo planteó modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de manera que se reduzcan a quince días los cuatro meses de antelación que en la actualidad se necesitan para presentar una demanda de desahucio por impago de rentas, y un incremento del número de juzgados para agilizar estos procesos.