"Estas personas no tenían ni oficio ni beneficio en la construcción, pero llegaron a cobrar unas 500.000 pesetas al mes", dice el fiscal
MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Madrid rebajó hoy de 72 a 68 años de prisión la petición de penas para los seis acusados por la supuesta estafa inmobiliaria de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), que en octubre de 2002 cerró sus oficinas dejando a casi 2.000 clientes sin piso en los PAUs de los barrios del norte. El cierre se produjo después de que los afectadas hubieran adelantado parte del dinero de la compra de las viviendas.
En concreto, el fiscal solicitó al tribunal que condene a 15 y 4 años a los procesados, cuatro directivos de la empresa y dos de sus presuntos testaferros, por un delito continuado de estafa, por el que pidió 12 años, y otro de falsedad documental, por el que reclamó 3 años de cárcel para los responsables de la CPV y 4 años de prisión para los testaferros. Además, pidió que paguen una multa de 60 euros diarios durante 36 meses.
En la exposición de su informe, el representante del Ministerio Público explicó que la rebaja de la condena se produce al sustituir de cuatro a tres años de cárcel la pena que pedía en un principio para los cuatro directivos de la CPV, entre ellos Francisco G.M., por el delito de la falsedad documental, para "adecuarla a los límites legales establecidos por la ley".
Aunque no modificó la calificación jurídica, el fiscal planteó como alternativa al delito continuado de estafa uno de apropiación indebida y al de falsedad documental otro por estafa consumada, en el caso de los supuestos testaferros de la CPV, Adelina E.A. y Alfredo V.G.
Estos últimos, a quienes se les acusa sólo por la falsedad documental, se concertaron, según el fiscal, para conseguir documentos que aparentasen que la CPV tenía terrenos para edificar las viviendas, a cambio de recibir un millón de euros. Les acompañan en el banquillo de los acusados los dos hijos de Francisco G.M., Miguel Ángel y Francisco, y un amigo de éstos, Miguel Ángel M..
Según el Ministerio Público, los encausados obtuvieron de los supuestos estafados cerca de 37,5 millones de euros a cambios de pisos que se iban a construir en los nuevos PAU,s de Montecarmelo, Sanchinarro y Las Tablas.
"SIN OFICIO, NI BENEFICIO EN LA CONSTRUCCIÓN"
Durante su informe, el fiscal situó los hechos a finales de 1997, cuando los que serían directivos de la CPV fundaron la empresa, con la finalidad de promocionar viviendas en los nuevos barrios del norte de Madrid. Por aquel entonces, su capital social era de 700.000 pesetas.
"A partir de ahí, aprovechando los pagos de los afectados, realizaron la promoción de viviendas y la captación de clientes para obtener fondos para edificar casas", apuntó el fiscal, que añadió que los acusados empezaron así a "aparentar" que la sociedad disponía de terrenos para construir, "con absoluto desprecio a la ley".
Los afectados firmaban entonces un contrato de "adquisición de vivienda", que incluía una clausula que estipulaba que el dinero adelantado iría destinado a una cuenta especial abierta en un entidad bancaria de "solvencia reconocida", y otra que contenía el compromiso de que recibirían un aval para garantizar la entrega de dinero.
Pese a que la normativa vigente exigía que con ese dinero se formaría un patrimonio separado destinado sólo a la construcción de las viviendas, los procesados lo utilizaron para su propio beneficio, como para cobrar medio millón de pesetas al mes.
"Ese dinero --aseveró el fiscal-- no podía ir destinado ni a sueldos, ni a propaganda, ni a vivir ellos, ni a que la empresa creciera. Los acusados se saltaron la ley, que evitaba que sociedades como la CPV recién creadas de la nada pudiera hacer lo que al final hizo. Estas personas no tenían ni oficio ni beneficio en la construcción, pero llegaron a cobrar unas 500.000 pesetas al mes".
FALSEDAD DOCUMENTAL
Respecto a los supuestos testaferros, el fiscal expuso que Adelina y Alfredo se concertaron para crear un documento privado "absolutamente falso", en el que se hacía constar que el segundo era propietario de varias fincas privadas en Sanchinarro, valoradas en 10 millones de pesetas.
Además, los acusados llevaron a cabo una operación de permuta "ficticia" sobre la transmisión de terrenos a una sociedad, cuya propietaria era Adelina. "Todas las actuaciones --apuntó-- estaban destinadas a aparentar de manera falaz que tenían la titularidad de los terrenos para obtener dinero".
Después de casi cinco meses, el juicio concluirá el próximo 24 de septiembre, fecha en las que las acusaciones terminarán de exponer sus respectivos informes. Ese día, la vista oral quedará vista para sentencia, una vez que los procesados ejerzan su derecho a la última palabra.
