MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT Madrid exigió hoy la retirada de la prueba de destrezas y conocimientos indispensables (CDI) de la Comunidad de Madrid pues supone un "despilfarro económico" en una Comunidad que ha anunciado recientemente drásticos recortes en Educación en aspectos esenciales, que van a provocar el despido de interinos.
Según cálculos realizados por el sindicato, la cifra total gastada por la Administración madrileña en esta prueba, "a todas luces innecesaria, ineficaz y sin garantías de calidad y objetividad" sería de 903.799 ?. Se añade a esta suma los gastos de seguridad privada en la custodia de los exámenes, así como los gastos de organización o gestión que haya podido asumir la propia administración.
Esta estimación económica se han realizado sumando la cantidad de 142.332 ? destinada según BOCM a la empresa TEA ediciones por "Apoyo técnico para la realización, tabulación, documentación y análisis de resultados de la prueba de conocimientos y destrezas indispensables y la cantidad de 339.523, 2 ? para los aplicadores de la prueba. Sobre un total de 106.101 alumnos presentados (53. 973 de Primaria y 52.128 de Secundaria) se han necesitado además aproximadamente 4.244 aplicadores (1 por cada 25 de alumnos). La cantidad destinada a cada aplicador ha sido de 80 ?.
En este sentido, cuenta también con la cantidad de 421.944 ? para los correctores de la prueba, pues se ha convenido con los correctores el pago de 400 ? por 150 pruebas en el caso de Secundaria y 400 E por 150 alumnos en el caso de Primaria. A este gasto hay que añadir la partida destinada a seguridad privada para la custodia de los exámenes en la noche anterior a la realización de la prueba pero no disponemos de los datos.
FETE-UGT Madrid considera que en los tiempos que corren y dado que ya el Ministerio de Educación realiza la evaluación general de diagnóstico en Primaria y Secundaria, como marca la LOE, la Comunidad de Madrid tendría que plantearse no duplicar innecesariamente las gestiones de las dos administraciones, pues suponen un gasto excesivo en tiempo y recursos económicos.
"Es incomprensible que la Comunidad de Madrid en convocatorias anteriores se haya negado a participar en pruebas objetivas como el informe PISA y año tras año monte un espectáculo mediático, rueda de prensa incluida, a partir de una prueba que genera crispación y dudas entre los profesionales de la Enseñanza", considera UGT, habida cuenta de que la estructura administrativa de la propia Comunidad dispone de un colectivo de funcionarios de alta cualificación, como son los Inspectores, que según la LOE (art. 148) tienen asignadas las competencias de colaborar en la evaluación y velar por la mejora del sistema educativo y la calidad y equidad de la enseñanza.
Del mismo modo, apunta que es la Inspección educativa, junto a los profesionales de los centros, quienes deberían participar en el análisis de los resultados y proponer medidas concretas y diferenciadas para mejorar la calidad y la evolución en los procesos de aprendizaje de los alumnos. "También se abusa de contrataciones externas mientras se tienen recursos profesionales internos y personal cualificado que no ha participado ni en la elaboración, ni en la puesta en práctica, ni en la estructura, ni en el análisis de los datos, ni en las conclusiones", manifiesta UGT.
Los argumentos que FETE-UGT pasan también por que los maestros, profesores e inspectores (salvo los que hayan sido seleccionados a título individual para las correcciones) han sido utilizados por la Administración en el primer caso como vigilantes de alumnos y en el segundo, para custodiar de las pruebas.
FETE-UGT Madrid manifiesta que el formato de estas pruebas no garantiza ni la "calidad", ni la "equidad" ni la "convergencia con los objetivos educativos europeos"-que son tres de los principios fundamentales de la LOE y que no son evaluables a través de ellas. El diseño de la prueba no sirve para valorar la calidad del centro educativo y por ende, del sistema, puesto que su grado de dificultad cambia notablemente de unos años a otros. Por tanto, "no es de extrañar que varíen también los resultados individuales de los centros, (por ejemplo, el dictado de 2009 de 3º de ESO contenía 210 palabras y el de 2010, 109)", añade.
A su juicio, estos exámenes no evalúan si el alumnado ha adquirido las competencias básicas que, según marca la propia Ley, son las que deben ser referente sobre "la situación del alumnado, de los centros y del propio sistema educativo y permitirá adoptar las medidas pertinentes para mejorar las posibles deficiencias", pues pretende evaluar exclusivamente conocimientos de algunas áreas.
