MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
UGT Madrid ha denunciado este martes que el anteproyecto de ley de Acompañamiento del Gobierno regional contempla que las empresas que adquieran el 49 por ciento de la gestión del agua madrileña podrán comprar o vender acciones sin tener que comunicarlo a la autoridad administrativa competente.
Según ha explicado el sindicato en un comunicado, en el anteproyecto, remitido al Consejo Económico y Social para su consideración el pasado 17 de noviembre, "se autoriza al Canal de Isabel II para que constituya una sociedad anónima encargada de gestionar estos servicios hidráulicos".
Del 51 por ciento del capital restante, el 19 por ciento se destina a los municipios, que podrán enajenar el 17 por ciento. "Es decir, tras la privatización, sólo el 34 por ciento de los bienes del Canal tendrán titularidad pública", han apuntado, al tiempo que han recordado que la empresa cerró los balances económicos de 2010 "con beneficios, unos 80 millones de euros".
El sindicato ha explicado que durante estos años "ha venido advirtiendo de diversos movimientos, como la externalización y subcontratación de personal, dentro del Canal que hacían pensar en la privatización". "El Gobierno regional ha eliminado prácticamente los procesos selectivos públicos", ha lamentado.
En este sentido, han asegurado que "apenas" se publican oposiciones a plazas libres para sustituir los puestos vacantes por jubilación o baja. No obstante, en este punto, han destacado que el Canal está compuesto de una plantilla de unos 2.500 trabajadores "altamente cualificados que aseguran la calidad y el suministro del agua".
"Es decir, el Gobierno regional está sustituyendo la propia relación de puestos de trabajo adecuándola a un modelo de empresa totalmente privada, en perjuicio de los propios trabajadores y de los ciudadanos que querían optar a un puesto de trabajo en una empresa supuestamente pública", han considerado.
La Federación de Industria y de Trabajadores Agroalimentarios de (FITAG) de UGT-Madrid cree que la búsqueda de beneficios que va a requerir una empresa privada es otro problema "y que la posibilidad de reducir la formación de los trabajadores o la desaparición de las campañas de concienciación ciudadana para rebajar el consumo de agua, ya que la empresa cobrará por cantidad de agua consumida son dos amenazas reales que verán cumplirse con la capitalización".