Universidades públicas se rebelan con dos días de huelga por la financiación: "Si no hay respiro, no habrá paz"

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Si no hay respiro para las universidades, no habrá paz para quienes nos asfixian' es uno de los lemas que se repiten en las convocatorias de la huelga prevista para el próximo miércoles y jueves en las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid. El origen de estos paros surge por la denuncia de "infrafinanciación" que sufren los centros y contra otros aspectos de la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso plantea llevar a la Asamblea antes de final de año.

En septiembre de 2023, unos meses después del comienzo de la actual legislatura, la presidenta anunció las claves de la futura normativa: la "defensa de la libertad y la excelencia" frente al "lastre" de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU), y una financiación plurianual revisable. Desde entonces, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, que lidera Emilio Viciana, arrancó un trabajo extenso que a día de hoy se sigue puliendo.

Uno de los aspectos más relevantes que afronta la nueva ley es la financiación de las universidades públicas, que llevan tiempo alertando de la "asfixia económica" en la que se encuentran. En concreto, los rectores de la Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III advirtieron hace unos meses del "riesgo en el que se encuentra la universidad pública" con menciones veladas a la falta de recursos económicos.

De momento, el borrador plantea un modelo de financiación dividido en tres partes: una básica, para personal e inversiones; otra por necesidades específicas, como infraestructuras; y una tercera por objetivos. En este último apartado, la Comunidad destinará 10 millones de euros, que se podrán repartir entre las seis instituciones cuando éstas acrediten determinados logros relacionados con su actividad académica o investigadora.

Además, se plantea que las universidades públicas tendrán que cubrir al menos el 30% del total de sus capítulos de gasto con fuentes distintas a las transferencias realizadas por la Administración regional.

Desde la Consejería que capitanea Viciana defienden que han estado recogiendo numerosas aportaciones de la comunidad educativa para que esta ley "reúna el máximo consenso posible". En el caso de los rectores, las reuniones se intensificaron en verano. La última tuvo lugar a mediados de este mes con el objetivo de poner "en común" todo lo que transmiten y plasmarlo en el texto.

Por otro lado, el Proyecto de Presupuestos del Ejecutivo autonómico destinará el próximo año un total de 1.239,7 millones de euros a la financiación de las universidades públicas, 75,3 millones más que en 2025, lo que se traduce en un incremento del 6,5%. Esta dotación representa más del 4% del presupuesto total en el próximo ejercicio en la región.

INVERSIÓN DEL 1% DEL PIB DE LA REGIÓN

Sin embargo, estos anuncios resultan "insuficientes" para trabajadores y estudiantes de las universidades. La coordinadora de las plataformas de las seis universidades públicas exige que lo destinado a los centros alcance el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región. "La subida anunciada representa un paso del 0,44% al 0,46%. Es una situación de asfixia", asegura.

En este sentido, la plataforma censura que el Gobierno regional "se desresponsabiliza del 30% de la financiación y sólo aportar el 70%". Considera que la financiación por objetivos "ataca a la educación e investigación públicas", se tiene "mayor dependencia" económica estructural del capital privado y conlleva "más encarecimiento de tasas".

También tacha la "deriva hacia un modelo empresarial" de la universidad pública, con "laxitud para reconocer chiringuitos que se lucren con la educación superior", y con una mayor "privatización de la educación superior en Madrid".

No obstante, Viciana aseguró en octubre que "no tiene ningún tipo de sustento" que las universidades públicas reciban el 1% del PIB, un objetivo que recoge la LOSU. Cree que es una "cifra arbitraria e irreal" y que solo busca "hipotecar de nuevo" a las comunidades autónomas. Por ello, rechazó participar en la comisión de trabajo creada por el Ministerio de Universidades de Diana Morant.

EL PRÉSTAMO DE LA COMPLUTENSE

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sido el primer centro que ha tenido que pedir ayuda económica. En concreto, el Gobierno autonómico autorizó a finales de octubre la concesión de un préstamo por valor de 34.469.224 euros para que pueda afrontar su déficit estructural.

De forma complementaria a esta medida, la Complutense debe aprobar el Plan Económico Financiero (PEF), según establece la normativa para las administraciones públicas que no alcanzan los objetivos de estabilidad y equilibrio presupuestario. Alguna de las medidas que ya ha anunciado la UCM es mantener hasta 2028 una retención de crédito del 35%.

Asimismo, el rector, Joaquín Goyache, garantizó en un comunicado que las nóminas del personal "no están en riesgo" y que se mantiene la política de estabilización de las plazas del personal docente e investigador (PDI), cuyos contratos finalizan y cumplen los requisitos establecidos en el Plan de Actuaciones.

Desde el Ejecutivo de Ayuso subrayan que "siempre" están a disposición de las universidades madrileñas para garantizar "su buen funcionamiento y su excelencia". No obstante, creen que su problema fue que "se sobrepasó completamente" en el capítulo de contrataciones, concretamente en el número de lo que eran figuras que no eran funcionarios.

"En funcionarios nosotros podemos tener en control, pero en las que no son funcionarios no y contrataron más de lo que se debía, teniendo en cuenta, además, que el número de estudiantes universitarios no crecía a la misma velocidad", explicó la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en una entrevista concedida a Europa Press.

SANCIONES

Más allá del nuevo sistema de financiación, la futura Ley de Universidades incluirá un régimen sancionador. Entre los primeros planteamientos, el texto de la Consejería de Educación recogía una docena de supuestos en los que se incurriría en infracciones muy graves como "no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en los campus, especialmente la libertad de expresión y de cátedra", con multas de entre 100.000 euros y un millón de euros.

Finalmente, tras las últimas reuniones de trabajo, el contenido normativo rebaja la cifra a un importe máximo de 300.000 euros de sanción. Entre estas infracciones muy graves no se incluirán las que no estén vinculadas a los requisitos para el normal funcionamiento de los campus, como la exhibición de pancartas no autorizadas.

Para la coordinadora de las plataformas de las universidades públicas, se trata de una mayor "injerencia" de la Comunidad de Madrid en la autonomía universitaria con una "mordaza universitaria contra las libertades estudiantiles".

OTRAS MOVILIZACIONES

Antes de la huelga universitaria de los días 26 y 27, se han producido otras movilizaciones para alertar sobre la situación de "asfixia" de los centros. Una de ellas tuvo lugar en la Puerta del Sol, donde se ubica la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, donde todos los decanos de la Complutense alzaron su voz por un plan "realista de financiación" y contra la futura normativa de la región.

Asimismo, varios profesores han realizado clases en la calle de la ciudad de Madrid para mostrar apoyo a las concentraciones y reivindicar el papel de los docentes. Las manifestaciones de la próxima semana cuentan con el respaldo de los sindicatos CC.OO., UGT, CGT y CNT.