MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, ha avanzado que, mañana o el lunes, su Grupo Parlamentario presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) pidiendo la nulidad de la externalización sanitaria, ya que consideran que la Ley de Acompañamiento que la prevé vulnera el artículo 23 de la Constitución sobre el derecho de los ciudadanos a la participación en la vida política.
En rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, De Velasco ha explicado que con este recurso de amparo piden la "nulidad de las actuaciones" que prevé la Ley de Acompañamiento sobre la externalización sanitaria y que se retrotraigan las actuaciones que se han llevado a cabo hasta ahora.
Según ha relatado, llevan esta medida al Alto Tribunal porque el artículo 23 de la Constitución recoge el derecho de los ciudadanos a "participar directamente en la actividad política", un punto que, en su opinión, "se ha infringido" con esta norma aprobada en el mes de diciembre.
De Velasco ha explicado que la externalización se incluyó en el artículo de la Ley de Acompañamiento y que se sacó adelante sin que el Gobierno aportara "ningún antecedente, informe económico" o información que la justificara.
Desde UPyD han pedido esa documentación, pero no se la han dado y ellos consideran que "se necesita una mínima información" para poder participar en política, por lo que es ahí donde ven que se ha infringido este derecho.
Además, ha avanzado que van a utilizar "todas las vías jurídicas o similares" para que esta externalización no vaya para adelante.
USO "TORTICERO" DE LAS INSTITUCIONES
En el lado opuesto se ha expresado el portavoz adjunto del PP Pedro Muñoz Abrines, quien ha lamentado el "uso torticero de las instituciones" que considera que está haciendo UPyD.
En primer lugar se ha referido a la petición que la líder de la formación magenta, Rosa Díez, hizo ayer a la Delegada del Pueblo pidiendo que llevará la externalización sanitaria al TC.
En segundo lugar, se ha centrado en el recurso de amparo que ha avanzado De Velasco, y ha considerado "nadie puede pensar que una gestión indirecta pueda ser considerada inconstitucional", ya que la Constitución ampara diferentes formas de gestión.
