Vecinos de Covibar critican el plan del Gobierno por cuanto no contempla derribar las edificaciones ilegales

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) - La Plataforma para el Saneamiento de la Cañada, que representa a vecinos de la cooperativa Covibar de Rivas, criticó hoy la Ley propuesta por el Gobierno regional por cuanto que traslada el problema a los ayuntamientos y no contempla el derribo de las edificaciones.

A su juicio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha demostrado ser "incapaz" de resolver este problema, pues "ha acordado una Ley que en modo alguno garantiza que los problemas que se dan se resuelvan, porque el nuevo escenario que pretenden contemplar, no será distinto al que ya padece Madrid con los asentamientos chabolistas en parcelas que están recogidas y calificadas en su PGOU, por lo tanto susceptibles de aplicarles la RDU junto con medidas sociales". Con la aprobación de ésta Ley, la Plataforma considera que la presidenta reconoce su desinterés por proteger las Vías Pecuarias, lejos de aplicar la Ley contra aquellos que la ocupan ilegalmente, se inhibe de cumplir con sus obligaciones trasladando el problema a los Ayuntamientos".

"Los madrileños ya nos hemos quedado sin 14 kilómetros de Cañada por un acto irresponsable de la presidenta Doña Esperanza Aguirre, por haber propuesto desafectarla alegando simplemente que ya no pasa ganado por ella, sin embargo, no ha querido atender qué otros usos hubieran podido aplicarse en el ámbito de la cultura rural y medioambiental", indica.

Con esta norma, los ayuntamientos deberán modificar sus planes urbanísticos a sabiendas de que la ilegalidad de las edificaciones existentes.

Ayer, la Plataforma se reunió con su Ayuntamiento de Rivas junto con las Mancomunidades, mostrando su disconformidad con la propuesta de esta norma porque "sigue sin recogerse los derribos de todas y cada una de las edificaciones existentes y practicar los realojos que correspondan".

La Plataforma asume que la norma será aprobada finalmente, pero seguirá defendiendo los intereses de los vecinos de COVIBAR en la Mesa permanente, afirma.