Vecinos piden a la Asamblea que legalice la situación de sus viviendas y a los medios que no se les estigmatice

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las diferentes asociaciones de vecinos de la Cañada Real Galiana han comparecido este lunes en la Asamblea de Madrid para pedir que se apruebe el proyecto de Ley que desafecte y legalice sus viviendas, al tiempo que han subrayado el derecho que les asiste a vivir en esa zona y a no sentirse estigmatizados por la delincuencia y la droga que "una pequeña parte" de los habitantes de la conocida vía pecuaria.

En la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio celebrada hoy, la representante del sector I y II de la Cañada Real, Vanessa Valenzuela, ha explicado que sus zonas fueran las primeras en donde se desarrollaron los asentamientos, allí por los años 50, con la instalación de viviendas autoconstruidas por emigrantes del campo español.

Estos sectores se encuentran entre la M-45 y la carretera del Cristo de Rivas. Son tres kilómetros y 300 parcelas que pertenecen a los términos municipales de Madrid, Coslada y Rivas. "Somos viviendas unifamiliares y trabajadores, que disponemos de los servicios normales y no tenemos problemas de marginalidad", ha afirmado Valenzuela.

Así, ha indicado que la zona se encuentra cuidada por los vecinos y asfaltada. Por allí pasan diariamente los camiones de la basura, autobuses y servicio de correos. "Nuestros hijos están escolarizados y tenemos cartilla en los hospitales", ha agregado la portavoz de estos sectores de la vía pecuaria.

Al igual que el resto de los comparecientes de este lunes, Valenzuela ha pedido a los grupos una "solución global" al problema y que ha solicitado al PP que "tutele" a los ayuntamientos tras la desafectación.

Por su parte, la representante del sector III de la Cañada Real, Carmen Cordero, ha expuesto durante su comparecencia que tanto el TSJM como otros juzgados han anulado órdenes de demolición "tras haber demostrado la antigüedad de las construcciones". "Con ello queremos exponer que los procedimientos de disciplina urbanística no resolverán la situación, sino que vendrá mediante acuerdo entre Comunidad, ayuntamientos y sus habitantes", ha manifestado.

Cordero se ha mostrado favorable al proyecto de Ley de la Cañada Real y ha pedido a los grupos parlamentarios que se pongan de acuerdo porque sus discrepancias son "temporales y metodológicas, cuando lo importante es caminar hacia adelante". "No hay lugar para falsas soluciones. Sólo queda camino para la legalización. No intenten destruir algo que ya estaba antes. Estamos antes de las carreteras, antes de los pasadillos verdes que planeen sobre nuestras cabezas, antes de los PAU que nos quieren rodear", ha sostenido.

"HABLAN DE PACTO SOCIAL, PERO SIGUEN DEMOLIENDO CASAS"

Una de las intervenciones más duras fue la de la presidenta de la asociación de vecinos del sector IV, Lidia Resani que ha criticado la política de demoliciones que están llevando a cabo los ayuntamientos de Madrid y Rivas, un "gasto económico" que, a su juicio, no respeta la "consolidación" de unas viviendas "que no fueron construidas de la noche a la mañana".

"Hablan ustedes de pacto social, pero nos dejan desamparados en manos aquellos que nos quieren demoler, en manos de unos ayuntamientos que les importamos muy poco. Dicen que quieren una zona verde demoliendo miles de viviendas. Es inviable por la cantidad de millones de euros que vale. Que se nos adapte a la normativa vigente y que acoten las zonas verdes necesarias", ha conminado.

Resani ha pedido a las administraciones que dejen de derribar construcciones e interponer contenciosos. "Un 90 por ciento de los vecinos han pasado por contenciones", ha añadido. Por ello, cree en una mesa de negociación para que se hable de sus viviendas.

En parecido sentido se pronunció Aquilino Amaro Corral, secretario de la asociación Barrio de Santiago de Vicálvaro, que auguró que la problemática de la Cañada Real Galiana tendrá una "mala solución" si no se ponen de acuerdo todas las partes aunque, de momento, ha manifestado que no tiene "la percepción" de que se intente encontrar una solución al problema.

"Todas las partes podemos llegar a acuerdo y se puede hacer perfectamente una zona verde. La Cañada Real es muy grande. Hasta ahora ha sido un guirigay. Estamos en un país de chirigota y pandereta, como decía un amigo mío", ha afirmado.

Por último, el representante del Sector V de la Cañada Real, José María González, ha declarado, al igual que sus homólogos que la realidad de la Cañada Real "no tiene nada que ver" con los problemas de drogas y de delincuencia que aparecen en los medios de comunicación, ya que se circunscriben a sólo dos de los 14 kilómetros que conforman la vía pecuaria objeto de la Ley.

"Hay gente normal. No tenemos chabolismo. Es una gran mentira que la Cañada sea marginal. Está formada por gente trabajadora como en cualquier zona de Madrid", ha indicado Gónzalez. Además, se mostró dispuesto a que los vecinos asuman la compra del suelo y los procesos de urbanización ante la única solución que considera posible, la desafectación.

APUESTA POR EL CONSENSO

La portavoz de IU en la Comisión, Carmen Pérez, ha indicado que el problema de la Cañada no se resuelve por sectores, sino globalmente y "en el mismo lote". Ha respondido así a una posible división entre "vecinos buenos y vecinos malos" y que ambos tuvieran diferente soluciones al problema.

"El argumento de que si no se da la solución que yo quiero es que no se quiere solucionar no es válido. Es un tema más complejo que el del suelo. Hay problemas sociales, de integración, de marginalidad y de delincuencia. Cuando la situación es la ley del más fuerte se generan bolsas de conflictos de otras tipologías. Esa es la obligación nuestra, solucionarlo", ha zanjado.

Por su parte, el parlamentario socialista Antonio Fernández Gordillo ha criticado la "falta de voluntad política" del PP para dar una solución al problema y que no se haya reunido la ponencia para tratar las enmiendas a una ley que "no tiene recursos económicos". "La ponencia está cerrada a cal y canto", se ha quejado.

Gordillo ha reconocido que la precariedad social y la marginación poco tienen que ver con la situación de los vecinos y sus representantes que hoy han comparecido ante la Comisión. Sin embargo, ha recalcado que aunque todo el mundo tiene derecho a la vivienda, "no puede hacer de su capa un sallo y poner una vivienda donde nos de la gana". "No todo es urbanizable. Hay que poner la vivienda en condiciones favorables", ha indicado.

Por otro lado, la diputada del PP Elena de Utrilla se ha mostrado más optimista que los representantes de PSOE e IU y cree que habrá solución. Así, ha recordado que en otros lugares de España ya se han desafectado vías pecuarias y que se ha legalizado la situación de sus habitantes.

También cree que en este tema la política ideológica de cada partido es "absurda" porque se tiene que dar una "solución global". "La Ley es un acto de valentía y actuación. Obliga a montar una mesa de tres ayuntamientos, con la Comunidad y la Delegación del Gobierno, y los vecinos que tienen que ponerse de acuerdo . Con aplicar el sentido común se podía solucionar la Cañada Real", ha afirmado Utrilla.

"La Ley es una manera de ponernos de acuerdo porque podíamos estar 20 años discutiendo. Soy optimista. Hay que ponernos de acuerdo ahora, sabiendo el papel de los ayuntamientos, que la ley no les va a impedir nada", ha proseguido la parlamentaria regional popular.